Tema 21. Protección integral contra la violencia de género (LO 1/2004)

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, actúa contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas quienes sean o hayan sido sus cónyuges o estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Finalidad: prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores bajo su tutela o guarda y custodia.

Comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria de libertad. También la violencia que, para dañar a la mujer, se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad (violencia vicaria, art. 1.4).

El art. 2 enumera once fines (letras a-k): sensibilización, derechos exigibles, servicios sociales, derechos laborales y funcionariales, derechos económicos, tutela institucional (Delegación Especial y Observatorio), refuerzo penal y procesal, coordinación, participación de la sociedad civil, especialización profesional y transversalidad.

Plan Estatal de Sensibilización y Prevención (art. 3): impulsado por el Gobierno de forma inmediata, permanente, dirigido a hombres y mujeres, con formación de profesionales y controlado por una Comisión de amplia participación creada en un mes. La Delegación del Gobierno elabora su informe anual y lo remite a las Cortes Generales. Las campañas deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

Sistema educativo (art. 4): formación en derechos, igualdad y resolución pacífica de conflictos en cada etapa (Infantil: resolución pacífica; Primaria: además, respeto de la igualdad entre sexos; ESO: relacionarse de forma pacífica; Bachillerato y FP: valorar críticamente las desigualdades de sexo; adultos y universidades).

Escolarización inmediata de los hijos que cambian de residencia por violencia de género (art. 5). Eliminación de estereotipos sexistas en los materiales (art. 6) y formación del profesorado, incluida la detección precoz (art. 7).

Los Consejos Escolares impulsan la igualdad; en el Consejo Escolar del Estado están el Instituto de la Mujer y las organizaciones de mujeres de implantación nacional (art. 8). La inspección educativa vela por todo ello (art. 9).

Es ilícita la publicidad que use la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio (art. 10). Legitimados para la acción de cesación (art. 12): Delegación Especial del Gobierno, Instituto de la Mujer u órgano autonómico equivalente, Ministerio Fiscal y asociaciones con objetivo único la defensa de los intereses de la mujer.

Las Administraciones velan por los medios y promueven acuerdos de autorregulación (art. 13). Los medios informarán con objetividad y con especial cuidado en el tratamiento gráfico (art. 14).

Sanidad: detección precoz impulsada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (art. 15); en él se crea, en un año, la Comisión contra la Violencia de Género, formada por representantes de todas las comunidades autónomas con competencia, que remite un informe anual al Observatorio Estatal y al Pleno del Consejo (art. 16).

Todas las víctimas tienen garantizados los derechos de la ley sin discriminación (art. 17). Son servicios esenciales la información y orientación, la atención psicosocial inmediata, el asesoramiento jurídico 24 horas y la acogida; también se garantiza el seguimiento telemático de las prohibiciones de aproximación.

Información plena (art. 18), en formato accesible para mujeres con discapacidad (lengua de signos) y accesible para quienes desconozcan el castellano o la otra lengua oficial.

Atención integral (art. 19): servicios de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación, organizados por CCAA y Corporaciones Locales con cuatro principios: atención permanente, actuación urgente, especialización y multidisciplinariedad. Pueden pedir al juez medidas urgentes. Llegan también a los menores (con psicología infantil). Atención sanitaria hasta la total recuperación (art. 19 bis).

Asistencia jurídica (art. 20): asesoramiento gratuito inmediatamente antes de la denuncia; defensa y representación gratuitas por abogado y procurador; una misma dirección letrada; alcanza a los causahabientes no partícipes. Colegios de Abogados y de Procuradores: designación urgente. La víctima puede personarse como acusación particular en cualquier momento, sin retrotraer actuaciones. No tiene que acreditar previamente la falta de recursos (DF 6.ª).

Trabajadora (art. 21): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro, adaptación del puesto, suspensión con reserva y extinción. Suspensión y extinción son situación legal de desempleo, y la suspensión cuenta como cotización efectiva.

Contrato de interinidad para sustituirla: bonificación del 100 % de las cuotas por contingencias comunes durante toda la suspensión, o 6 meses si hay movilidad o cambio de centro. Las ausencias o faltas de puntualidad son justificadas y remuneradas si lo determinan los servicios sociales o de salud. Autónoma: cotización suspendida 6 meses, computables como cotizados (base: promedio de los 6 meses anteriores).

En el Estatuto de los Trabajadores (DA 7.ª): suspensión de hasta 6 meses, prorrogable por el juez de 3 en 3 hasta 18; traslado con reserva de puesto durante 6 meses; esas ausencias no computan para el despido objetivo por absentismo.

Acreditación (art. 23): sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución con medida cautelar, informe del Fiscal con indicios, o informe de servicios sociales, especializados o de acogida (y otros títulos sectoriales). En menores, también documentos sanitarios oficiales de comunicación a Fiscalía o juzgado.

Funcionaria (arts. 24-26): reducción o reordenación de jornada, movilidad geográfica de centro y excedencia; las ausencias son justificadas. La excedencia (DA 9.ª) no exige servicios previos ni permanencia mínima y reserva el puesto 6 meses (prorrogables de 3 en 3 hasta 18).

Ayuda de pago único (art. 27): rentas no superiores al 75 % del SMI (sin pagas extra) y especiales dificultades para encontrar empleo. Importe: 6 meses de subsidio por desempleo; 12 con discapacidad propia igual o superior al 33 %; 18 con responsabilidades familiares; 24 si además ella o un familiar conviviente tiene discapacidad del 33 %. La pagan los PGE, la conceden los servicios sociales y es compatible con otras ayudas.

Colectivos prioritarios para viviendas protegidas y residencias públicas para mayores (art. 28).

Reparación (arts. 28 bis y ter): compensación económica, recuperación física, psíquica y social, reparación simbólica y garantías de no repetición. La indemnización cubre daño físico, psicológico y moral, pérdida de oportunidades, daños materiales y lucro cesante, daño social (al proyecto de vida) y tratamientos; la pagan los responsables civiles o penales.

Disposiciones adicionales: el condenado por homicidio doloso o lesiones a la causante pierde la pensión de viudedad salvo reconciliación (DA 1.ª); el Estado garantiza los alimentos impagados de los hijos menores (DA 19.ª); el cambio de apellidos de la víctima puede autorizarse por Orden del Ministerio de Justicia (DA 20.ª).

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29): formula las políticas públicas, coordina e impulsa las acciones y elabora la Macroencuesta (al menos cada tres años, DA 21.ª). Su titular está legitimado ante los tribunales.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30): órgano colegiado de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, informes y propuestas, con datos desagregados por sexo. Envía un informe anual al Gobierno y a las comunidades autónomas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 31): el Gobierno crea en las FCSE unidades especializadas en prevención y en control de la ejecución de las medidas judiciales; las Policías Locales cooperan en el cumplimiento de las medidas; se sigue el Protocolo de Actuación y Coordinación con los Órganos Judiciales; también se aplica a las policías autonómicas.

Planes de colaboración (art. 32) entre sanidad, Justicia, FCS, servicios sociales y organismos de igualdad, con protocolos que garanticen la actividad probatoria. Atención especial a minorías, inmigrantes, exclusión social, discapacidad, mayores y ámbito rural.

La LO 1/2004 reformó el Código Penal. Los artículos que modificó se citan aquí en la redacción que les dio esa ley; algunos han cambiado después (la sustitución de penas y las faltas ya no existen), por lo que en el examen conviene leer bien si se pregunta por la LO 1/2004.

Lesiones agravadas (art. 148): prisión de 2 a 5 años, entre otros casos si la víctima es o ha sido esposa o pareja, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Maltrato ocasional (art. 153.1): menoscabo psíquico o lesión no constitutiva de delito, o golpear o maltratar de obra sin lesión, a la esposa o pareja: prisión de 6 meses a 1 año o TBC de 31 a 80 días y privación de armas de 1 año y 1 día a 3 años. Otras personas del art. 173.2: prisión de 3 meses a 1 año. Mitad superior si hay menores delante, armas, domicilio común o de la víctima, o quebrantamiento. El juez puede bajar un grado razonándolo.

Amenazas leves a la esposa o pareja (art. 171.4) y coacciones leves (art. 172.2): mismas penas que el 153.1. A otras personas del art. 173.2, la amenaza leve solo es delito si se hace con armas (art. 171.5).

Quebrantamiento (art. 468.2): siempre prisión de 6 meses a 1 año si se quebranta una pena del art. 48 o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza en procesos sobre personas del art. 173.2.

Administración penitenciaria (art. 42): programas específicos para condenados por violencia de género, valorados por las Juntas de Tratamiento en progresiones de grado, permisos y libertad condicional.

Organización (art. 87 bis LOPJ): uno o más por partido, con sede en la capital y jurisdicción en todo el partido; excepcionalmente, para dos o más partidos de la misma provincia. Si el partido tiene un solo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, este asume la materia. Pueden servirlos Magistrados en partidos de más de 150.000 habitantes.

Competencia penal (art. 87 ter.1): instrucción de los delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro con violencia o intimidación contra la esposa o pareja; también los cometidos sobre descendientes o menores convivientes si además hay violencia de género; delitos contra los derechos y deberes familiares; y órdenes de protección, sin perjuicio del Juez de Guardia.

Competencia civil (art. 87 ter.2 y 3): filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales, medidas familiares, guarda y custodia y alimentos, asentimiento en la adopción y oposición a resoluciones de protección de menores. Es exclusiva y excluyente si concurren cuatro requisitos: materia civil de la lista, parte víctima, parte imputada y actuaciones penales u orden de protección. Está vedada la mediación.

Recursos: los conoce la Audiencia Provincial (en penal, las secciones deberán especializarse; en civil, podrán).

Normas procesales: el juez civil se inhibe y remite los autos salvo que haya empezado el juicio oral; si aún no hay proceso penal, cita a una comparecencia con el Fiscal en 24 horas (art. 49 bis LEC). Competencia territorial: domicilio de la víctima (art. 15 bis LECrim). Juicios rápidos: la Policía Judicial cita en el día hábil más próximo coordinando día y hora con el juzgado; si no es posible presentar al detenido ante el Juzgado de Violencia, va al Juzgado de Guardia solo para regularizar su situación (art. 797 bis LECrim).

Son compatibles con cualesquiera medidas cautelares civiles y penales. El juez debe pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de la víctima, los hijos, los convivientes, el Fiscal o la Administración de los servicios de atención o acogida (art. 61). La orden de protección sigue el art. 544 ter LECrim (art. 62).

Intimidad (art. 63): protección de los datos de la víctima, sus descendientes y personas a su cargo; posibilidad de vistas a puerta cerrada y actuaciones reservadas.

Art. 64: salida obligatoria del domicilio y prohibición de volver; permuta excepcional del uso de la vivienda copropiedad; prohibición de aproximación a la persona, su domicilio, trabajo o lugares frecuentados, con distancia mínima fijada por el juez y posibles dispositivos telemáticos; procede aunque la víctima ya se haya ido; prohibición de toda comunicación. Se pueden acordar acumulada o separadamente.

Menores: el juez podrá suspender la patria potestad o custodia (art. 65) y ordenará suspender el régimen de visitas salvo interés superior del menor (art. 66); si no suspende, debe decidir cómo se ejercen. Armas: suspensión de tenencia, porte y uso con obligación de depositarlas (art. 67).

Garantías (art. 68): auto motivado, proporcionalidad y necesidad, intervención del Fiscal, contradicción, audiencia y defensa. Pueden mantenerse tras la sentencia y durante los recursos (art. 69).

Lo nombra el Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, como delegado, con categoría de Fiscal de Sala (art. 18 quáter EOMF).

Funciones: diligencias e intervención directa en procesos penales de especial trascendencia; intervención por delegación en los procesos civiles del art. 87 ter.2 LOPJ; supervisar y coordinar las Secciones; coordinar criterios proponiendo instrucciones; e informe semestral al Fiscal General.

Secciones Contra la Violencia sobre la Mujer en cada Fiscalía de TSJ y Audiencias Provinciales, con preferencia para fiscales especializados; intervienen en los procesos penales y civiles de los Juzgados de Violencia y llevan un registro de procedimientos.

En cada Fiscalía hay un delegado de Jefatura para violencia de género, medio ambiente y vigilancia penitenciaria (art. 22.5 EOMF).

Unidades de valoración forense integral (DA 2.ª). Informe de evaluación de la ley al Congreso a los tres años (DA 11.ª). Las referencias al juez de instrucción en el art. 544 ter LECrim se entienden hechas al Juez de Violencia sobre la Mujer (DA 12.ª y DF 1.ª).

Fondo para los servicios del art. 19 durante dos años (DA 13.ª), convenios de vivienda protegida (DA 15.ª), coordinación de los Servicios Públicos de Empleo si la movilidad implica cambio de comunidad autónoma (DA 16.ª) y escolarización inmediata (DA 17.ª).

Transitorias: los procesos en curso siguieron en los órganos que los conocían hasta sentencia firme, que podían adoptar las medidas del capítulo IV del título V.

Carácter: la ley es orgánica salvo, entre otros, los títulos I, II y III y los arts. 42-47 y 70-72. Entrada en vigor: 30 días después de su publicación; los títulos IV y V, a los seis meses.