Tema 16. Materias socio-culturales: protección civil, desarrollo sostenible y eficiencia energética

La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la protección civil como el servicio público que protege a personas y bienes ante emergencias y catástrofes de causa natural o humana, accidental o intencionada. La encuadra como instrumento de la política de seguridad pública.

La ley tiene dos objetos: crear el Sistema Nacional de Protección Civil, que asegura coordinación, cohesión y eficacia, y regular las competencias de la Administración General del Estado.

Definiciones (art. 2). Peligro es el potencial de daño. Vulnerabilidad, la susceptibilidad de ser afectado. Amenaza, la exposición a un peligro inminente o latente. Riesgo, la posibilidad de que la amenaza llegue a afectar. Emergencia de protección civil: riesgo colectivo que exige gestión rápida; la emergencia ordinaria no tiene afectación colectiva. Catástrofe: su atención supera los medios de la propia comunidad. Servicios esenciales: los necesarios para las funciones sociales básicas.

Actuaciones del Sistema (art. 3): prever, planificar, intervenir, recuperar y coordinar-evaluar. Principios: colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal.

Estrategia. Las líneas básicas de la Estrategia del Sistema las aprueba el Consejo Nacional de Protección Civil y se revisan al menos cada 4 años. La Estrategia Nacional, que alinea a la AGE, la aprueba el Consejo de Seguridad Nacional a propuesta del Ministro del Interior.

Derechos. Todos los residentes tienen derecho a ser atendidos en caso de catástrofe, con atención equivalente sea cual sea su lugar de residencia (art. 139.1 CE). Las víctimas se identifican lo antes posible y se informa con precisión a sus familiares. Existe derecho a la información, preventiva y durante la emergencia, y derecho a participar en normas y planes, también a través del voluntariado.

Deber de colaboración (art. 7 bis, con base en el art. 30.4 CE). Toda persona mayor de edad debe realizar las prestaciones personales que exija la autoridad, sin indemnización. Cabe la requisa, intervención u ocupación de bienes y la suspensión de actividades, y los perjuicios sí se indemnizan. La entrada en domicilio remite al art. 15.2 de la LO 4/2015. Las medidas duran el tiempo estrictamente necesario.

Los servicios de vigilancia de las empresas son colaboradores de la protección civil. Los titulares de actividades de riesgo informan a la población, instalan a su cargo las alarmas y garantizan la accesibilidad. Los medios de comunicación colaboran gratis en la difusión de avisos.

Autoprotección (art. 7 ter): no generar riesgos ni exponerse a ellos y seguir las indicaciones de los agentes. Voluntariado (art. 7 quáter): actúa a través de entidades y nunca crea relación de empleo con la Administración. Los radioaficionados voluntarios pueden complementar las comunicaciones.

La anticipación determina los riesgos de un territorio a partir de su vulnerabilidad y sus amenazas. La Red Nacional de Información contiene el Mapa Nacional de Riesgos, los catálogos de actividades de riesgo, el registro de planes, los catálogos de recursos movilizables (públicos o privados) y el Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes.

La prevención busca evitar o mitigar impactos. Las actividades catalogadas necesitan un estudio técnico previo. Los planes incluyen programas de información que lleguen a los colectivos más vulnerables. Hay un plan de formación obligatorio en los centros no universitarios y un Fondo de Prevención de Emergencias gestionado por Interior. La Red de Alerta Nacional la gestiona Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, al que los organismos comunican de inmediato las amenazas.

La Norma Básica se aprueba por real decreto a propuesta de Interior, con informe del Consejo Nacional. Hay cuatro tipos de planes. El Estatal General lo aprueba el Gobierno y sirve también para dirigir las emergencias de interés nacional. Los Territoriales son autonómicos o locales y los aprueba la administración correspondiente. Los Especiales cubren inundaciones, terremotos, maremotos, volcanes, meteorología adversa, incendios forestales, accidentes químicos, biológicos, nucleares o radiactivos, aviación civil, mercancías peligrosas y conflicto bélico. Los de riesgo nuclear y conflicto bélico son siempre estatales. Los de Autoprotección corresponden a centros y establecimientos.

El Consejo Nacional informa el Plan Estatal General y los Territoriales y Especiales de ámbito estatal o autonómico, pero no los locales.

La respuesta inmediata busca evitar daños, rescatar, velar por la seguridad ciudadana y cubrir las necesidades básicas. Incluye atención sanitaria, psicológica y social, refugio y reparación inicial. Son servicios públicos de intervención, entre otros, las FCS, las Fuerzas Armadas y la UME, bomberos, sanitarios, agentes medioambientales, servicios de rescate y equipos de identificación de víctimas. Los voluntarios actúan subordinados a los servicios públicos.

Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (integrado en la DG de Protección Civil y Emergencias). Gestiona las dos redes, divulga estadísticas, es Centro de Coordinación Operativa en las emergencias de interés nacional y es el punto de contacto con la UE.

En emergencias no declaradas de interés nacional, el Estado aporta recursos. Guardias y militares actúan encuadrados con sus mandos naturales, dirigidos por la autoridad del plan, y los daños los paga quien dirige la emergencia.

Recuperación: empieza al terminar la respuesta inmediata y sus ayudas nunca son indemnizatorias. Los daños materiales deben ser ciertos, evaluables y de bienes asegurados, y las ayudas no pueden superar el valor del daño. Por daños personales hay ayudas por fallecimiento e incapacidad absoluta y permanente.

La zona afectada gravemente la declara el Consejo de Ministros a propuesta de Hacienda e Interior. Medidas: ayudas para vivienda y enseres, gastos locales, establecimientos, infraestructuras municipales, producciones agrarias y líneas ICO. Medidas fiscales: exención del IBI del ejercicio, reducción del IAE y ayudas personales exentas de IRPF. Medidas laborales: fuerza mayor y moratoria de hasta 1 año de las cuotas de 3 meses. El seguimiento lo hace una Comisión de Coordinación estatal, autonómica y local.

El Consejo Nacional elabora las directrices de evaluación y el Programa de Inspección. El Gobierno eleva al Senado una memoria anual del Sistema.

Emergencias de interés nacional (art. 28): las que exigen aplicar la LO 4/1981 (alarma, excepción y sitio), las que afectan a varias comunidades con aportación de recursos supraautonómicos y las que requieren dirección nacional. Las declara el Ministro del Interior, de oficio (con comunicación previa a las comunidades) o a instancia de estas o de los Delegados del Gobierno. El Ministro asume la dirección y la UME, la dirección operativa bajo él.

Formación: tiene reconocimiento oficial. La Escuela Nacional de Protección Civil es el instrumento vertebrador de la formación especializada y de mandos de alto nivel.

Gobierno (art. 33): regula las redes y aprueba la Norma Básica, el Plan Estatal General, los planes especiales estatales y el Protocolo de la UME; declara la zona afectada gravemente. Ministro del Interior (art. 34): impulsa la política del Gobierno, declara y finaliza la emergencia de interés nacional, dispone la intervención de las FCSE, pide a Defensa las FAS, preside el Consejo Nacional y sanciona las infracciones muy graves. Para los medios de otros departamentos, Interior decide y el departamento ordena. Los Delegados del Gobierno coordinan a la AGE en su territorio.

UME: la solicita Interior y la ordena Defensa. FCSE: colaboran conforme a la LO 2/1986; los planes les asignan funciones sin atribuirlas a unidades concretas.

Consejo Nacional de Protección Civil: órgano de cooperación entre la AGE, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y la Administración Local, representada por la FEMP. Lo preside el Ministro del Interior y funciona en Pleno y Comisión Permanente. Es además el Comité Español de la Estrategia Internacional de la ONU para la Reducción de Desastres. Interior es el punto de contacto del Mecanismo de Protección Civil de la UE.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, desarrolla el art. 45.2 CE. Entre sus principios están la conservación de procesos ecológicos, de la biodiversidad y de la geodiversidad, el uso ordenado para evitar la pérdida neta de biodiversidad, la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación urbanística, la precaución y la lucha contra el cambio climático.

Definiciones clave. Biodiversidad: diversidad dentro de cada especie, entre especies y de ecosistemas. Conservación in situ / ex situ: dentro o fuera del hábitat natural. Corredor ecológico. Custodia del territorio: implicar a propietarios y usuarios. Especie autóctona: la que vive en su área natural. Especie exótica invasora: amenaza la diversidad nativa por invasión o contaminación genética. Paisaje: tal como lo percibe la población. Reservas de la Biosfera: Programa MaB de la UNESCO. Suelta: liberar ejemplares en el medio natural.

Las actividades de la ley pueden declararse de utilidad pública o interés social, también a efectos expropiatorios. Las obras de interés general del Estado se declaran por ley estatal.

En el medio marino las funciones corresponden al Estado, salvo que haya continuidad ecológica con un espacio terrestre protegido, en cuyo caso son de las comunidades autónomas (nunca con especies altamente migratorias).

Órganos: la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad es órgano consultivo y de cooperación Estado-comunidades, y sus informes van a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El Consejo Estatal es órgano de participación pública, con las comunidades y las entidades locales con voz pero sin voto.

Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición. Entran los hábitats con área muy reducida y en disminución, destruidos en la mayor parte de su área, con drástico deterioro o en alto riesgo de transformación irreversible. Cualquier ciudadano puede pedir la inclusión con argumentación científica. Efecto: una superficie adecuada pasa a una figura de protección y se adoptan medidas para frenar la recesión.

Espacio natural protegido: cumple al menos un requisito (elementos representativos, singulares o frágiles, o dedicación a la biodiversidad) y es declarado como tal. Puede ser terrestre, marino o mixto.

Cinco categorías. Parques: belleza, ecosistemas representativos o singularidad. Tienen Plan Rector de Uso y Gestión, que aprueba la comunidad autónoma y prevalece sobre el urbanismo; los Parques Nacionales tienen ley propia. Reservas Naturales: rareza o fragilidad; recolección prohibida salvo autorización. Áreas Marinas Protegidas. Monumentos Naturales: formaciones singulares, árboles monumentales y yacimientos paleontológicos. Paisajes Protegidos: conforme al Convenio europeo del paisaje, con armonía naturaleza-cultura.

Parques y Reservas requieren PORN previo. Si se declaran excepcionalmente sin él, el PORN se tramita en 1 año. Los espacios terrestres los declaran y gestionan las comunidades autónomas y los marinos, el Estado (salvo continuidad ecológica). Pueden tener zonas periféricas de protección y áreas de influencia socioeconómica (al menos los términos municipales y la zona periférica).

La declaración implica utilidad pública expropiatoria y tanteo y retracto de la comunidad autónoma sobre transmisiones onerosas inter vivos de derechos reales. Sin notificación fehaciente no hay inscripción registral. Los espacios transfronterizos se crean por acuerdo internacional.

Red Natura 2000: LIC (hasta que se transforman en ZEC), ZEC y ZEPA. Las directrices las aprueba la Conferencia Sectorial. El Estado propone los LIC y la Comisión Europea los aprueba. Desde el envío al Ministerio rige una protección preventiva, y en 6 meses se publican sus límites y su régimen. Aprobados, se declaran ZEC en un máximo de 6 años. Las ZEPA protegen las aves del anexo IV y las migratorias regulares, con especial atención a las zonas húmedas.

Evaluación de repercusiones: un plan o proyecto que pueda afectar al espacio solo se aprueba si no perjudica su integridad. Por razones imperiosas de interés público de primer orden, declaradas por ley o acuerdo motivado y público del Consejo de Ministros o del Gobierno autonómico, puede aprobarse con medidas compensatorias. Con hábitats o especies prioritarias, solo valen la salud humana y la seguridad pública, los beneficios ambientales primordiales u otras razones previa consulta a la Comisión.

Descatalogar o reducir espacios solo cabe por evolución natural científicamente demostrada, con información pública.

Áreas protegidas por instrumentos internacionales: humedales Ramsar, sitios del Patrimonio Mundial, áreas OSPAR, ZEPIM, Geoparques y Reservas de la Biosfera (UNESCO) y Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. El Inventario Español de Espacios Protegidos sigue las categorías de la UICN. En el Registro de la Propiedad, la afección consta como información territorial meramente informativa.

El Estado prohíbe importar especies alóctonas que compitan con las autóctonas. Está prohibido matar, dañar, molestar o inquietar intencionadamente a los animales silvestres, sea cual sea el método o la fase vital. La prohibición incluye nidos, crías y huevos aun vacíos, así como su posesión y comercio, con excepciones (caza, pesca…) para especies no protegidas. También está prohibida la suelta no autorizada. Por regla general, la Administración no responde de los daños de la fauna silvestre.

Reintroducción: se promueve la de especies autóctonas extinguidas incluidas en el Listado de extinguidas. Si la reintroducción es ilegal, se erradican los ejemplares y sus descendientes.

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Su inclusión prohíbe recoger, cortar o arrancar las plantas, hongos y algas, matar, capturar o molestar a los animales y poseer, naturalizar, transportar o comerciar con ejemplares vivos o muertos. Las comunidades pueden tener listados propios más protectores.

Catálogo Español de Especies Amenazadas, dentro del Listado, con dos categorías. En peligro de extinción: plan de recuperación en 3 años y áreas críticas. Vulnerable: plan de conservación en 5 años. Los planes de especies terrestres los aprueban las comunidades autónomas, y los de especies marinas, el Ministerio. La situación crítica (riesgo inminente) la declara el Ministro, previo informe de la Conferencia Sectorial, y convierte las obras de recuperación en de interés general y urgentes.

Excepciones (art. 61): requieren autorización pública y motivada, que no haya otra solución satisfactoria y que no se perjudique el estado de conservación. Causas: salud y seguridad de las personas; daños a cultivos, ganado, bosques, pesca o aguas; razones imperiosas de interés público (no para las aves); investigación o reintroducción; seguridad aérea (aves); explotación prudente en pequeñas cantidades; protección de la flora, la fauna y los hábitats.

Conservación ex situ: programas de cría en cautividad para especies amenazadas, en los que pueden participar ONG, zoos, acuarios, jardines botánicos y centros de investigación. También hay bancos de material genético, que informan anualmente a su comunidad autónoma.

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras: incluye las especies que amenazan gravemente a especies autóctonas, hábitats, agronomía o recursos económicos. Lleva aparejada la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, restos o propágulos, salvo autorización por investigación, salud, seguridad o control y erradicación. Las sueltas de trucha arcoíris solo se permiten en aguas donde ya se autorizaban, con ejemplares monosexo y estériles.

Caza y pesca continental: las comunidades autónomas fijan las especies, terrenos y fechas, y nunca pueden incluir especies del Listado. Está prohibido usar métodos masivos o no selectivos y cazar aves en celo, reproducción y crianza o en el regreso migratorio. Las introducciones ilegales nunca se aprovechan. Los cercados deben dejar pasar la fauna no cinegética. Los métodos de captura de predadores requieren homologación y acreditación individual. Se prohíbe la munición de plomo en humedales Ramsar, Red Natura 2000 y espacios protegidos. Se admite la perdiz con reclamo macho donde sea tradicional. Los cazadores y pescadores informan al Inventario Español de Caza y Pesca.

Reservas de la Biosfera: la red española forma parte de la red mundial del Programa MaB de la UNESCO. Sus objetivos son servir de «laboratorios naturales», transferir información y extender modelos de gestión sostenible. El Comité MaB Español (asesor y científico) las evalúa. Cada reserva necesita zonas núcleo (ENP o espacios Red Natura 2000), zonas de protección y zonas de transición, estrategias con indicadores, un órgano de gestión y otro de participación.

Recursos genéticos: se rigen por el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Nagoya. El acceso exige consentimiento previo informado y condiciones mutuamente acordadas. La competencia es por regla general autonómica, y estatal para recursos marinos, de dominio público estatal, de colecciones ex situ estatales y de taxones de varias comunidades. Si surge un uso comercial, hace falta una nueva autorización. El punto focal nacional es el Ministerio.

Comercio internacional: debe ser sostenible y ajustarse a la CITES. Hay registro de importaciones y exportaciones con informes anuales, y el Ministerio evalúa el comercio al menos cada 5 años. Conocimientos tradicionales: se preservan, se reparten los beneficios equitativamente y se inventarían, con especial atención a los etnobotánicos.

El programa cita la Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, en sus capítulos I y II. Esa directiva está derogada desde el 12 de octubre de 2025 por la Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre de 2023. Las referencias a la antigua se entienden hechas a la nueva. Aquí se estudian las dos, señalando las diferencias.

Objeto: un marco común para fomentar la eficiencia energética. Antes el objetivo era un 20 % de ahorro en 2020 (1.474 Mtep de energía primaria / 1.078 Mtep de energía final). Ahora es una reducción del 11,7 % en 2030 frente a la hipótesis de 2020: 763 Mtep de energía final (vinculante) y 992,5 Mtep de energía primaria (orientativo). Cada Estado fija una contribución orientativa basada en el consumo de energía final, que no puede superar en más de un 2,5 % la que resulta de la fórmula del anexo I. Los requisitos de la directiva son mínimos.

Principio de «primero, la eficiencia energética»: las soluciones de eficiencia se evalúan en decisiones e inversiones de más de 100 millones de euros (175 millones en infraestructuras de transporte).

Definiciones: eficiencia energética (producción o rendimiento entre gasto de energía), ahorro de energía, auditoría energética (ahora incluye el potencial de renovables), cogeneración, microcogeneración (menos de 50 kWe) y renovación sustancial (más del 50 % del coste de una unidad nueva). Son nuevas pobreza energética y organismos públicos (antes se hablaba de «Administración central»).

Sector público. El consumo final de todos los organismos públicos debe bajar al menos un 1,9 % anual respecto de 2021; pueden excluirse el transporte público o las fuerzas armadas. Cada año se renueva al menos el 3 % de la superficie de los edificios públicos de más de 250 m2, hasta el nivel de consumo casi nulo; antes solo afectaba a la Administración central, con 500 m2 y luego 250 m2 desde el 9-7-2015. El inventario de edificios se actualiza cada 2 años. La compra pública debe ser de alto rendimiento energético, salvo detrimento de la seguridad pública o emergencias sanitarias.

Uso eficiente. La obligación de ahorro antes era del 1,5 % anual de las ventas (2014-2020). Ahora es escalonada: 0,8 %, 1,3 %, 1,5 % y 1,9 % del consumo final hasta 2030, con prioridad para la pobreza energética. Auditorías: antes, en empresas que no fueran pyme, cada 4 años. Ahora el criterio es el consumo: más de 85 TJ, sistema de gestión certificado; más de 10 TJ, auditoría cada 4 años y plan de acción.