Tema 3. Prevención de riesgos laborales y su aplicación a la Guardia Civil

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, transpone la Directiva 89/391/CEE. El programa incluye sus capítulos I, II, III, VI y VII, el RD 67/2010 (AGE) y el RD 179/2005 (Guardia Civil).

La normativa de prevención la forman la ley, sus normas de desarrollo y cuantas normas legales o convencionales contengan prescripciones preventivas (art. 1). Su objeto es promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante medidas y actividades de prevención (art. 2.1).

Sus disposiciones laborales son Derecho necesario mínimo indisponible: no se pueden rebajar, pero sí mejorar y desarrollar en convenio colectivo (art. 2.2).

Ámbito (art. 3.1): relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores y relaciones administrativas o estatutarias del personal de las Administraciones Públicas, además de cooperativas con socios trabajadores. En el ámbito público, el «empresario» es la Administración para la que se presta servicio.

Exclusiones (art. 3.2), solo en las actividades cuyas particularidades lo impidan: policía, seguridad y resguardo aduanero; servicios operativos de protección civil y peritaje forense en grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. Aun así, la ley inspirará su normativa específica.

En centros y establecimientos militares se aplica la ley con las particularidades de su normativa específica; en los penitenciarios se adaptan las actividades que lo justifiquen (art. 3.3).

Prevención: actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa para evitar o disminuir los riesgos.

Riesgo laboral: posibilidad de que un trabajador sufra un daño derivado del trabajo. Su gravedad se valora con la probabilidad de que se produzca el daño y su severidad.

Daños derivados del trabajo: enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Riesgo grave e inminente: el racionalmente probable en un futuro inmediato que pueda suponer un daño grave. Con agentes peligrosos basta que sea inminente la exposición, aunque los daños no se manifiesten de inmediato.

Potencialmente peligrosos: procesos, equipos o productos que, sin medidas preventivas específicas, originan riesgos.

Equipo de trabajo: cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación. Condición de trabajo: característica con influencia significativa en los riesgos (locales y equipos; agentes físicos, químicos y biológicos; procedimientos; organización y ordenación). EPI: equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para protegerle, con sus complementos y accesorios.

La política preventiva busca promover la mejora de las condiciones de trabajo para elevar el nivel de protección (art. 5). Se elabora con participación de empresarios y trabajadores a través de sus organizaciones más representativas; atiende a las pymes (incentivos y un informe sobre su aplicación en pymes en las normas generales) y considera las variables de sexo para detectar daños vinculados a él.

El Gobierno regula por reglamento, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, materias como requisitos mínimos de las condiciones de trabajo, procedimientos de evaluación, servicios de prevención, trabajos especialmente peligrosos y calificación de enfermedades profesionales (art. 6). Se revisan según la experiencia y el progreso de la técnica.

Las administraciones laborales promueven la prevención, asesoran, vigilan y controlan, y sancionan (art. 7); en minas, explosivos y energía nuclear actúan sus órganos específicos. Las sanitarias se ocupan, entre otras cosas, de mapas de riesgos y estudios epidemiológicos (art. 10). Debe coordinarse lo laboral, sanitario y de industria (art. 11).

La participación de empresarios y trabajadores es principio básico de la política preventiva (art. 12).

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (art. 8): órgano científico técnico especializado de la AGE. Asesora en la normativa y la normalización, promueve formación e investigación, apoya a la Inspección en el ámbito de las AAPP, coopera internacionalmente, es centro de referencia nacional ante la Agencia Europea y ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional.

Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 9): le corresponde la vigilancia y control. Vigila y propone la sanción a la autoridad laboral, asesora, informa a los Juzgados de lo Social en accidentes y enfermedades profesionales, informa a la autoridad laboral de los accidentes mortales, muy graves o graves, comprueba los servicios de prevención y ordena la paralización ante riesgo grave e inminente.

Los técnicos habilitados de las Administraciones pueden comprobar y requerir; si se incumple el requerimiento, remiten informe a la Inspección, que levanta el acta si procede; sus hechos comprobados gozan de presunción de certeza.

Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 13): órgano colegiado asesor y de participación institucional. La forman un representante por comunidad autónoma, igual número de la AGE y, paritariamente, representantes empresariales y sindicales. Acuerdos por mayoría: un voto cada representante de las Administraciones y dos los de las organizaciones. Presidente (Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales) y cuatro Vicepresidentes; Secretaría en la Dirección del INSHT. Funciona en Pleno, Comisión Permanente o Grupos de Trabajo.

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz; correlativamente, el empresario tiene el deber de protección, y lo mismo las Administraciones respecto de su personal (art. 14.1). Ese derecho incluye información, consulta y participación, formación, paralización ante riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

El empresario integra la prevención en la empresa y adopta cuantas medidas sean necesarias, con seguimiento permanente. Las obligaciones de los trabajadores, la designación de trabajadores o el concierto con entidades especializadas no le eximen de su deber. El coste de las medidas nunca recae en los trabajadores (art. 14.5).

Nueve principios (art. 15.1): a) evitar los riesgos; b) evaluar los que no se puedan evitar; c) combatirlos en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona (atenuar el trabajo monótono y repetitivo); e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; g) planificar; h) protección colectiva antes que individual; i) dar instrucciones.

Además: considerar las capacidades del trabajador al encomendarle tareas; acceso a zonas de riesgo grave y específico solo con información suficiente; prever distracciones o imprudencias no temerarias; medidas con riesgos añadidos solo si estos son sustancialmente inferiores y no hay alternativa más segura; y posibilidad de seguros (empresa, autónomos, cooperativas).

La prevención se integra en el sistema general de gestión mediante el plan de prevención (estructura, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos). Sus instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (art. 16).

Evaluación inicial según la actividad, los puestos y los trabajadores; también al elegir equipos, sustancias o preparados químicos y al acondicionar los lugares. Se actualiza cuando cambian las condiciones y se revisa tras daños para la salud. Si es necesario, hay controles periódicos.

La planificación fija, para cada actividad, plazo, responsables y recursos; el empresario hace un seguimiento continuo. Cabe hacerlo de forma simplificada según plantilla y peligrosidad, sin reducir la protección. Ante un daño, se investigan sus causas.

Equipos de trabajo (art. 17): adecuados; si tienen riesgo específico, su uso se reserva a los encargados y la reparación o mantenimiento a personal capacitado. EPI: el empresario los proporciona y vela por su uso, y se emplean solo cuando los riesgos no se pueden evitar o limitar con protección colectiva u organización del trabajo.

Información (art. 18): riesgos, medidas y emergencias. Con representantes, se da a través de ellos, pero los riesgos específicos del puesto se informan directamente a cada trabajador. El empresario consulta y los trabajadores pueden hacer propuestas.

Formación (art. 19): teórica y práctica, suficiente y adecuada, al contratar (sea cual sea la modalidad o duración del contrato) y al cambiar funciones, tecnologías o equipos; centrada en el puesto; dentro de la jornada o descontando el tiempo; coste nunca a cargo del trabajador.

Emergencias (art. 20): según tamaño, actividad y presencia de personas ajenas, medidas de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, con personal designado, formado, suficiente y con material.

Riesgo grave e inminente (art. 21): el empresario informa lo antes posible, permite interrumpir y abandonar el lugar y no puede exigir que se reanude mientras persista el peligro (salvo excepción reglamentaria). El trabajador tiene derecho a interrumpir y abandonar. Si el empresario no actúa, los representantes por mayoría (o, por urgencia, la mayoría de los Delegados de Prevención) pueden paralizar; se comunica a la empresa y a la autoridad laboral, que en 24 horas la anula o ratifica. Nadie sufre perjuicio salvo mala fe o negligencia grave.

Vigilancia de la salud (art. 22): periódica y voluntaria. Excepciones, previo informe de los representantes: evaluar efectos de las condiciones de trabajo; verificar si la salud del trabajador es un peligro para él o para otros; o previsión legal en riesgos específicos. Pruebas con menores molestias y proporcionales; intimidad, dignidad y confidencialidad; resultados al trabajador; datos nunca discriminatorios; al empresario solo conclusiones de aptitud. Puede prolongarse tras la relación laboral y la hace personal sanitario acreditado.

Documentación (art. 23) a disposición de la autoridad laboral: plan, evaluación, planificación, controles de salud y relación de accidentes y enfermedades con incapacidad superior a un día. Al cesar la actividad se remite a la autoridad laboral, y los daños se notifican por escrito.

Coordinación de actividades empresariales (art. 24): si coinciden trabajadores de varias empresas, deben cooperar y coordinarse; el titular del centro informa e instruye a los demás; quien contrata obras o servicios de su propia actividad en sus centros vigila a contratistas y subcontratistas. Alcanza también a los autónomos.

Especialmente sensibles (art. 25): protección específica en las evaluaciones; no se les emplea en puestos que pongan en peligro a ellos o a otros, ni cuando estén en estados transitorios que no respondan a las exigencias del puesto. También se evalúan los riesgos para la procreación de trabajadores y trabajadoras.

Maternidad (art. 26), en escalera: 1.º adaptar condiciones o tiempo de trabajo (incluso sin nocturnidad ni turnos); 2.º cambio de puesto compatible (certifican los Servicios Médicos del INSS o de las Mutuas, con informe del médico que la asiste); si no hay puesto de su grupo, a otro conservando las retribuciones de origen; 3.º suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. Igual en la lactancia natural de hijos menores de nueve meses. Derecho a ausentarse retribuido para exámenes prenatales y preparación al parto.

Menores de 18 años (art. 27): evaluación previa que considere su falta de experiencia, inmadurez y desarrollo incompleto; información a ellos y a sus padres o tutores.

Temporales y ETT (art. 28): mismo nivel de protección; información previa y formación. En las ETT, la empresa usuaria responde de las condiciones de ejecución y de la información; la ETT, de la formación y la vigilancia de la salud.

Cada trabajador vela por su seguridad y salud y la de las personas a las que pueda afectar su actividad, según su formación y las instrucciones del empresario (art. 29.1).

Seis obligaciones (art. 29.2): usar adecuadamente máquinas y medios; usar correctamente los equipos de protección; no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad; informar de inmediato al superior directo y a los designados o al servicio de prevención de cualquier riesgo; contribuir al cumplimiento de las obligaciones de la autoridad; cooperar con el empresario.

Su incumplimiento es incumplimiento laboral (art. 58.1 ET) o falta según el régimen disciplinario de funcionarios y estatutarios (art. 29.3).

Deben asegurar que la maquinaria, equipos, productos y útiles no sean fuente de peligro si se instalan y usan como ellos recomiendan (art. 41.1).

Los productos químicos se envasan y etiquetan para su conservación y manipulación seguras, identificando contenido y riesgos. Debe informarse de la forma correcta de uso, las medidas adicionales y los riesgos del uso normal e inadecuado.

En los elementos de protección, aseguran su efectividad e informan del tipo de riesgo, el nivel de protección y la forma de uso y mantenimiento. Deben proporcionar información a los empresarios y estos recabarla; el empresario la traslada a los trabajadores en términos comprensibles (art. 41.2).

El incumplimiento empresarial genera responsabilidades administrativas y, en su caso, penales y civiles; las administrativas son compatibles con indemnizaciones y con el recargo de prestaciones de Seguridad Social (art. 42). Los arts. 46 a 52 (infracciones, sanciones, reincidencia, prescripción y competencias) figuran como derogados en el texto vigente.

Requerimiento (art. 43): al comprobar una infracción, el Inspector requiere la subsanación por escrito, con plazo, y lo comunica a los Delegados de Prevención; si no se cumple, acta de infracción.

Paralización (art. 44): ante riesgo grave e inminente, el Inspector ordena paralizar; la empresa lo comunica a los afectados, al Comité de Seguridad y Salud y al Delegado de Prevención (o representantes); puede impugnar en 3 días hábiles ante la autoridad laboral, que resuelve en 24 horas. La levanta la Inspección o el empresario al subsanar. Se mantiene el salario.

En las AAPP no hay multas: se imponen medidas correctoras. En la AGE, el procedimiento lo inicia la Inspección por orden superior (de oficio o a petición de los representantes) y, si discrepan los Ministros, decide el Consejo de Ministros (art. 45). El Gobierno o las comunidades pueden suspender actividades o cerrar el centro en casos de excepcional gravedad (art. 53), y las infracciones muy graves limitan la contratación pública (art. 54).

Objeto: adaptar a la AGE la Ley 31/1995 y el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997), integrando la prevención y potenciando los recursos propios. Se aplica a la AGE y sus organismos con personal funcionario o estatutario (y a su personal laboral). Para la Guardia Civil, en las funciones sin rasgos exclusivos de policía, rige la normativa general con las peculiaridades de la AGE y del RD 179/2005.

Plan de Prevención: herramienta de integración; documento a disposición de la autoridad laboral, las sanitarias y los representantes (identificación, estructura, procesos, organización preventiva, política y recursos).

Participación: la Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales (Mesa General de Negociación) es el órgano específico de participación y negociación sindical. Delegados de Prevención designados por los representantes; su número se reparte proporcionalmente entre funcionarios y laborales; sin crédito horario añadido; reuniones del Comité, visitas y formación = tiempo de trabajo efectivo.

Comité de Seguridad y Salud: paritario (Administración en número no superior al de delegados); uno por centro del Anexo I con 50 o más empleados; reunión trimestral; los técnicos de prevención asisten con voz y sin voto; posible Comité Intercentros.

Servicios de prevención: prioridad del propio; obligatorio con más de 500 empleados o 250-500 con actividades del anexo I; propio con al menos dos especialidades, mancomunado con tres (adscrito a la Delegación o Subdelegación del Gobierno si es de varios ministerios). Niveles de funciones básico, intermedio y superior.

Control: control periódico externo del INSHT («informe de evaluación externa»). La DG de la Función Pública coordina, sigue e impulsa la prevención y preside la Comisión Técnica.

Objeto y ámbito: seguridad y salud del personal de la Guardia Civil y de los militares destinados en la DGGC, en las actividades de la LO 2/1986. Las misiones militares se rigen por sus normas. Se inspira en seis principios: planificación, eliminación o disminución de factores de riesgo, información, participación y consulta, formación e integración.

Diez principios de acción preventiva (art. 3 bis), adaptados: evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación, adaptar el puesto al personal, priorizar la protección colectiva, estimular el interés por la seguridad, incorporar previsiones a los dispositivos de servicio…

Plan de prevención con evaluación inicial (naturaleza de la actividad, características de los servicios, prevención previa). Planes de emergencia de los órganos de prevención, como anexo a los planes de seguridad. Vigilancia de la salud periódica (obligatoria en ciertos casos, oídas las asociaciones profesionales), por la Sanidad de la Guardia Civil o un servicio ajeno; resultados por medios electrónicos; conclusiones de aptitud al mando nivel Comandancia y órganos de prevención.

Información en manuales, instrucciones y órdenes; participación mediante propuestas valoradas por el Consejo de la Guardia Civil; formación desde la incorporación. Maternidad: medidas de los mandos según normas de destinos y permisos. Obligación de informar por conducto regular.

Órganos de prevención: Servicio de Prevención, Sección de Prevención de Zona, Oficina de Prevención de Comandancia y otras unidades (desarrollo por orden ministerial); el jefe de cada unidad responde de aplicar las medidas. Control externo: Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la SES. Propuesta de requerimiento: 30 días hábiles de alegaciones del Director General; sin alegaciones es definitiva; si hay discrepancia, resuelve el Secretario de Estado de Seguridad.