Tema 9. Derecho procesal penal: LECrim, habeas corpus, Poder Judicial, Policía Judicial y víctima

La jurisdicción criminal es siempre improrrogable (art. 8): las partes no pueden elegir juez. Quien conoce de una causa conoce también de sus incidencias y de la ejecución (art. 9). La jurisdicción ordinaria previene siempre las causas contra aforados: practica las primeras diligencias y luego remite (art. 12).

Primeras diligencias (art. 13): consignar las pruebas que puedan desaparecer, recoger y custodiar lo que sirva para comprobar el delito e identificar al autor, detener a los presuntos responsables y proteger a ofendidos y familiares (incluidas las medidas del art. 544 bis y la orden de protección). En los delitos cometidos por internet cabe retirar o bloquear contenidos provisionalmente.

Reparto objetivo tras la reforma de los Tribunales de Instancia (art. 14): delitos leves, Sección de Instrucción; instrucción, Sección de Instrucción del partido del lugar de comisión; enjuiciamiento con prisión no superior a 5 años, multa de cualquier cuantía u otras penas de hasta 10 años, Sección de lo Penal; el resto, Audiencia Provincial (o Jurado). Si se juzga solo a una persona jurídica, se mira la pena de la persona física (art. 14 bis).

Violencia sobre la mujer y contra la infancia (art. 14.5 a 14.7): las Secciones especializadas instruyen los delitos violentos contra la pareja o los menores; si coinciden ambas, prevalece siempre la de Violencia sobre la Mujer. Su competencia territorial la fija el domicilio de la víctima (art. 15 bis).

Lugar desconocido (art. 15), por este orden: 1.º donde se hallen pruebas materiales; 2.º donde se aprehenda al reo; 3.º su residencia; 4.º cualquiera que tenga noticia. En cuanto conste el lugar, se inhibe a favor del competente.

Conexión (art. 17): cada delito, una causa, pero se acumulan los conexos (personas reunidas, concierto previo, delito medio, delito para la impunidad, favorecimiento y blanqueo respecto del antecedente, lesiones recíprocas). Competencia en conexos (art. 18): pena mayor, luego el que empezó primero, luego el que designe el superior; con concierto en varios partidos de una provincia, prevalece el partido sede de la Audiencia si se cometió allí alguno.

De todo delito nace acción penal y puede nacer acción civil (art. 100). La acción penal es pública: la ejercen todos los españoles (art. 101), salvo quien no goce de plenitud de derechos civiles, el condenado dos veces por denuncia o querella calumniosas y los jueces y magistrados, que solo pueden hacerlo por delitos contra sí o sus allegados (art. 102). Entre cónyuges y parientes próximos no hay acción penal salvo delitos de uno contra la persona del otro (y bigamia entre cónyuges) (art. 103).

El Ministerio Fiscal ejerce todas las acciones penales procedentes, salvo las reservadas a querella privada (art. 105). Si el agraviado de un delito semipúblico es menor, persona con discapacidad o desvalido, también puede denunciar el Fiscal, y la falta de denuncia no impide las diligencias a prevención. Las entidades locales pueden acusar por hurto (art. 105.3).

La renuncia del ofendido no extingue la acción penal de los delitos públicos, pero sí la de los perseguibles a instancia de parte y las civiles (art. 106). Si el ofendido renuncia a la indemnización, el Fiscal solo pide el castigo (art. 108).

Personación: víctimas y perjudicados pueden mostrarse parte antes del trámite de calificación; si llegan tarde, solo se adhieren a otra acusación hasta el inicio del juicio oral (arts. 109 bis y 110). Las asociaciones de víctimas acusan si la víctima las autoriza. No personarse no es renunciar: la renuncia debe ser clara y terminante.

Relación entre acciones: pendiente la penal, la civil separada espera a la sentencia firme (arts. 111 y 114, prejudicialidad penal). Ejercitada solo la penal, se entiende ejercitada la civil salvo renuncia o reserva (art. 112). La muerte del culpable extingue la penal, pero la civil sigue contra los herederos en la vía civil (art. 115). Extinguida la penal, subsiste la civil, salvo sentencia firme que declare que no existió el hecho (art. 116).

El derecho de defensa nace desde que se comunica al investigado la existencia del procedimiento, desde su detención o cualquier medida cautelar o desde su procesamiento, y dura hasta la extinción de la pena (art. 118). Se le informa sin demora, en lenguaje comprensible, de: los hechos, el examen de las actuaciones, la designación de abogado, la justicia gratuita, la traducción, guardar silencio (también a no contestar algunas preguntas) y no declarar contra sí mismo.

El abogado puede entrevistarse reservadamente con su cliente incluso antes de la declaración policial y asiste a declaraciones, reconocimientos, careos y reconstrucciones. Para actuar en el proceso se necesitan procurador (representación) y abogado (defensa). Las comunicaciones abogado-cliente son confidenciales: si se captan, el juez ordena borrarlas, salvo indicios de que el abogado participa en el delito.

Traducción e interpretación (arts. 123-127): intérprete en todas las actuaciones (también el interrogatorio policial), en las conversaciones con el abogado y en el juicio oral; traducción escrita de los documentos esenciales y siempre de las resoluciones de prisión, el escrito de acusación y la sentencia. Paga la Administración, sea cual sea el resultado del proceso. Cabe videoconferencia y, excepcionalmente, un resumen oral.

En urgencias, sin intérprete en listas, puede habilitarse a otra persona conocedora del idioma (art. 124). La renuncia debe ser expresa, libre y asesorada, pero los derechos de las letras a) y c) (intérprete en las actuaciones e interpretación del juicio oral) son irrenunciables (art. 126).

Denuncia: quien presencia un delito público debe denunciarlo inmediatamente (art. 259). No están obligados los impúberes y quienes no gocen del pleno uso de razón (art. 260), ni el cónyuge o pareja, ascendientes, descendientes y colaterales hasta el segundo grado (art. 261), salvo en delitos contra la vida, homicidio, lesiones de los arts. 149-150, maltrato habitual, contra la libertad o la libertad sexual o trata cuando la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

Quienes conocen un delito por su cargo o profesión deben denunciarlo inmediatamente (art. 262), salvo abogados y procuradores respecto de lo que les confían sus clientes y ministros de culto respecto de lo revelado en su ministerio (art. 263). El denunciante no tiene que probar ni querellarse (art. 264).

Forma: escrita o verbal, personalmente o por mandatario con poder especial (art. 265). La verbal se recoge en acta firmada por ambos (art. 267); se identifica al denunciante y, si lo pide, se le da resguardo (art. 268). No cabe vía telemática con violencia o intimidación, autor conocido, testigos, denunciante menor, delito flagrante o hechos violentos o sexuales (art. 266). Solo se rechaza si el hecho no es delito o la denuncia es manifiestamente falsa (art. 269).

Entrega vigilada (art. 263 bis): la autorizan el juez de instrucción, el Fiscal y los jefes de las unidades orgánicas de Policía Judicial centrales o provinciales y sus mandos superiores; estos dan cuenta inmediata al Fiscal.

Querella: acción popular de todos los españoles, ofendidos o no; los extranjeros, solo por delitos contra sus personas o bienes (art. 270). Se interpone ante el juez de instrucción (art. 272), siempre con procurador con poder bastante y firma de letrado (art. 277). En delitos privados se acompaña certificado de conciliación (art. 278). Se tiene por abandonada si el querellante no insta en 10 días (art. 275) o, muerto este, nadie la sostiene en 30 días (art. 276). Presta fianza, salvo el ofendido y sus herederos, ciertos familiares en homicidio y asesinato y las asociaciones de víctimas autorizadas (arts. 280-281).

La Policía Judicial averigua los delitos públicos de su demarcación, practica diligencias, descubre a los delincuentes y recoge los efectos en peligro de desaparecer (art. 282). Informa a las víctimas y valora provisionalmente su protección, sin perjuicio de lo que decida el juez.

Agente encubierto (art. 282 bis): lo autoriza el juez de instrucción o el Fiscal (dando cuenta inmediata al juez); el Ministerio del Interior otorga la identidad supuesta por 6 meses prorrogables. Delincuencia organizada: 3 o más personas de forma permanente o reiterada. Es voluntario, queda exento de responsabilidad si actúa con proporcionalidad y sin provocar el delito, y puede mantener su identidad al testificar. El agente encubierto informático puede intercambiar archivos ilícitos con autorización específica.

Quién es Policía Judicial (art. 283): autoridades de seguridad pública, empleados de policía, alcaldes y tenientes de alcalde, Guardia Civil, agentes municipales, guardas jurados de montes, funcionarios de prisiones, agentes judiciales y personal de Tráfico de investigación de accidentes. Todos siguen las instrucciones de jueces y fiscales.

Comunicación: inmediata si no interrumpe la prevención (art. 284); nunca más de 24 horas (art. 295), salvo fuerza mayor y atestados sin autor conocido, que se conservan sin remitir salvo delitos contra la vida, integridad, libertad sexual o corrupción, diligencias con resultado pasadas 72 horas o petición del Fiscal o juez. Al denunciante se le advierte de esas 72 horas.

Jerarquía: ante un funcionario de PJ de categoría superior, se le da cuenta y se pone a su disposición (art. 285); al llegar el juez, cesa la prevención y se le entregan diligencias, efectos y detenidos (art. 286). El que no pueda cumplir una orden lo comunica de inmediato a quien la dio (art. 289).

Atestado: con la mayor exactitud, firmado por quien lo extiende e invitando a firmar a presentes, peritos y testigos (arts. 292-293); se acompaña informe de detenciones anteriores y requisitorias. Tiene valor de denuncia (art. 297) y la policía no puede usar medios de averiguación no autorizados. Exceder las 24 horas: falta grave la primera vez y muy grave las siguientes. Jueces y fiscales califican a los funcionarios en registro reservado y lo comunican cada semestre (art. 298).

El sumario prepara el juicio averiguando el delito y la culpabilidad (art. 299). Es reservado hasta el juicio oral (revelarlo: multa de 500 a 10.000 €) y puede declararse secreto por un mes como máximo, alzándose al menos 10 días antes de concluir (arts. 301-302). Lo forma el juez bajo inspección del Fiscal (art. 306). Si el delito es grave o alarmante, el juez se traslada al lugar (art. 318).

Plazo de instrucción: 12 meses desde la incoación, con prórrogas sucesivas de hasta 6 meses por auto motivado; valen las diligencias acordadas en plazo aunque lleguen después (art. 324). Cabe videoconferencia por utilidad, seguridad u orden público o si comparecer es especialmente gravoso (art. 325).

Inspección ocular y cuerpo del delito: se recogen vestigios garantizando su autenticidad (cadena de custodia), con peritos en robos con fuerza (arts. 326-328). Los efectos de la víctima se restituyen de inmediato salvo necesidad de conservarlos (art. 334). Cadáver sin identificar: expuesto al menos 24 horas; la autopsia es obligatoria en muerte violenta o sospechosa (arts. 341-343); el juez puede delegar su asistencia en un funcionario de PJ (art. 353). Accidente ferroviario: el tren se para solo lo preciso (art. 354).

ADN: el juez puede acordar en resolución motivada la toma de muestras del sospechoso, de forma proporcionada (art. 363). Mercancías sustraídas en comercios: se valoran a precio de venta al público (art. 365). Efectos judiciales: drogas destruidas si el juez no ordena conservarlas en 1 mes; realización anticipada por perecederos, abandono, coste o depreciación (arts. 367 bis y siguientes).

Identificación: rueda con personas de aspecto semejante, cada reconocedor por separado (arts. 369-370); quien detiene impide que el detenido altere su aspecto (art. 371); antecedentes penales en 3 días (art. 379). Procesamiento con indicios racionales de criminalidad (art. 384). Primera declaración del detenido en 24 horas, prorrogables 48 (art. 386); preguntas directas, nunca capciosas (art. 389); la confesión no dispensa de comprobar (art. 406).

Testigos: obligados todos los residentes no impedidos (art. 410); exentos de declarar el Rey y su familia directa y los diplomáticos; exentos solo de comparecer altos cargos (art. 412). Dispensa de parientes hasta el segundo grado (art. 416), con excepciones (víctima menor, delito grave, acusación particular personada...). Incomparecencia: multa de 200 a 5.000 € (art. 420). Menores de 14 años en delitos graves: prueba preconstituida obligatoria (art. 449 ter). Careos, solo si no hay otro medio (art. 455). Peritos: dos como regla (art. 459); recusables por parentesco hasta el 4.º grado (art. 468).

Nadie es detenido sino en los casos y forma legales (art. 489). Cualquier persona puede detener (art. 490) a quien vaya a cometer un delito, al delincuente in fraganti, a los fugados (de prisión, de la cárcel, durante la conducción o estando detenido o preso) y al procesado o condenado en rebeldía. Si el detenido lo exige, el particular justifica sus motivos racionales (art. 491).

La autoridad o agente de PJ tiene obligación de detener en esos mismos casos y, además, al procesado por delito grave, al procesado por delito menor con riesgo de fuga (salvo fianza bastante) y al no procesado si hay motivos bastantes para creer en el delito y en su participación (art. 492). Si no detiene, toma nota de sus datos y la entrega al juez (art. 493).

Delitos leves: no se detiene salvo que el autor no tenga domicilio conocido ni dé fianza (art. 495). El detenido se libera o se entrega al juez más próximo en 24 horas (art. 496); el juez de la causa eleva a prisión o libera en 72 horas (art. 497). Los condenados fugados vuelven directamente al establecimiento (art. 500).

La detención se practica del modo que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio, y dura lo estrictamente necesario, con un máximo de 72 horas (art. 520.1). En el atestado consta lugar y hora de la detención y de la puesta a disposición o libertad.

Información de derechos: por escrito, de inmediato, en lenguaje sencillo y en una lengua que comprenda (art. 520.2). Derechos: silencio (o declarar solo ante el juez), no autoincriminarse, abogado sin demora (por teléfono o videoconferencia si hay lejanía), acceso a lo esencial para impugnar la detención, aviso a familiar o persona elegida (y al consulado si es extranjero), llamada telefónica en presencia de un funcionario, visita consular, intérprete gratuito, reconocimiento médico y justicia gratuita. Conserva el papel de derechos toda la detención.

Menores: a disposición de la Sección de Menores de la Fiscalía, avisando a quien ejerza la patria potestad (art. 520.4). Abogado: libre elección, sin recomendaciones de los agentes; el Colegio designa de oficio si no hay; debe llegar en 3 horas (art. 520.5). Interviene en declaraciones, reconocimientos y reconstrucciones, informa sobre las consecuencias de consentir diligencias y se entrevista reservadamente (art. 520.6). Ante negativa al frotis bucal, el juez puede imponerlo con coacción mínima.

Solo se puede renunciar al abogado en delitos exclusivamente contra la seguridad vial, con información previa y de forma revocable (art. 520.8). Terrorismo: 72 horas más una prórroga de 48 (pedida en las primeras 48 y autorizada en 24) e incomunicación pedida al juez, que resuelve en 24 horas (art. 520 bis).

Trato: separación de detenidos (art. 521), medidas extraordinarias solo por desobediencia, violencia, rebelión o intento de fuga (art. 525). Incomunicación (art. 527): puede privar de abogado de confianza, de comunicaciones (salvo juez, Fiscal y forense), de la entrevista reservada y del acceso a las actuaciones (salvo lo esencial para impugnar). Si la pide la policía o el Fiscal, rige 24 horas hasta que resuelve el juez; dos reconocimientos médicos cada 24 horas.

Inviolabilidad: no se entra en domicilio sin consentimiento, salvo en los casos legales (art. 545). Hay consentimiento si el interesado facilita la entrada sin invocar la inviolabilidad (art. 551). En domicilios, el juez acuerda la entrada por auto motivado, notificado de inmediato o en 24 horas (art. 550), que precisa el lugar, si será solo de día y quién la practica (art. 558).

Lugares públicos (art. 547): edificios de servicio oficial, establecimientos de reunión o recreo (lícitos o no), lugares cerrados que no sean domicilio y buques del Estado. Domicilio (art. 554): Palacios Reales, la vivienda, los buques mercantes nacionales y el centro de dirección de las personas jurídicas imputadas. Especialidades: Cortes, autorización del Presidente de la Cámara; templos, recado de atención; diplomáticos, venia con respuesta en 12 horas; buques de guerra extranjeros, Embajador; cónsules, recado de atención.

Entrada policial sin auto (art. 553): con mandamiento de prisión, flagrante delito, persecución inmediata del delincuente que se refugia en una casa o terrorismo urgente; se registra y se ocupan efectos, dando cuenta inmediata al juez.

Práctica: notificación al interesado, su encargado, un mayor de edad presente o, si no hay nadie, diligencia con dos vecinos (art. 566). El registro se hace ante el interesado o representante, un familiar mayor de edad o dos testigos vecinos, y siempre con el LAJ, que levanta acta (art. 569). Resistirse a presenciarlo es desobediencia grave. Si anochece y el interesado se opone, se suspende cerrando y sellando (art. 570).

Libros y papeles: registro solo con indicios graves (art. 573); se foliarán, sellarán y rubricarán (art. 574). Correspondencia (art. 579): delitos dolosos con pena máxima de al menos 3 años, grupos u organizaciones criminales y terrorismo; observación hasta 3 meses, prorrogable hasta 18. En urgencia por terrorismo, el Ministro del Interior (o el Secretario de Estado de Seguridad), que comunica al juez en 24 horas; el juez confirma o revoca en 72 horas. No necesitan autorización los envíos de mercancías o con contenido declarado. El juez abre la correspondencia personalmente, citando al interesado (arts. 584-586).

El Habeas Corpus (art. 17.4 CE; LO 6/1984) busca la inmediata puesta a disposición judicial de quien está detenido ilegalmente. Inspira la ley cuatro principios: agilidad (24 horas), sencillez (sin abogado ni procurador), generalidad (nadie escapa al control, ni la autoridad militar) y universalidad (alcanza también las detenciones que se prolongan o desarrollan ilegalmente).

Detención ilegal (art. 1): sin supuesto legal o sin formalidades, sea por autoridad, agente, funcionario o particular; internamiento ilícito; exceso de plazo; y vulneración de los derechos del detenido.

Competencia (art. 2): juez de instrucción del lugar donde esté el detenido; si no consta, el de la detención; en su defecto, el de las últimas noticias. Terrorismo (art. 55.2 CE): Juez Central de Instrucción. Ámbito militar: Juez Togado Militar de Instrucción de la circunscripción de la detención.

Legitimación (art. 3): el privado de libertad, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y representantes; el Fiscal; el Defensor del Pueblo; el abogado del detenido; y de oficio el juez. Forma (art. 4): escrito o comparecencia, con identificación, lugar y custodia si se conocen y motivo concreto.

Trámite: quien custodia al detenido comunica inmediatamente la solicitud al juez, bajo apercibimiento (art. 5). El juez, oído el Fiscal, incoa o deniega por auto sin recurso (art. 6); ordena presentar al detenido o acude al lugar; oye al detenido, su abogado y el Fiscal y después a quien detuvo y custodia; y resuelve en 24 horas desde la incoación (art. 7).

Resolución (art. 8): archivo si la detención es conforme a Derecho; si no, libertad, continuación en otro lugar o con otra custodia, o puesta inmediata a disposición judicial. Se deduce testimonio por posibles delitos y, con temeridad o mala fe, costas al solicitante (art. 9).

Tribunal Supremo (Madrid): superior en todos los órdenes salvo garantías constitucionales. Cinco Salas: 1.ª Civil, 2.ª Penal, 3.ª Contencioso, 4.ª Social, 5.ª Militar. La Sala de lo Penal conoce de la casación y revisión y de las causas contra los grandes aforados (Presidente del Gobierno y ministros, presidentes de las Cámaras, diputados y senadores, magistrados del TC y TS, Fiscal General, Defensor del Pueblo...), con instructor que no juzga.

Audiencia Nacional (Madrid, jurisdicción en toda España): Salas de Apelación, Penal, Contencioso y Social (no hay Civil). La Sala de lo Penal enjuicia delitos contra la Corona y altos organismos, falsificación de moneda y medios de pago por organizaciones, grandes fraudes, narcotráfico organizado con efectos en varias Audiencias, delitos cometidos fuera de España, los de la Fiscalía Europea y el contrabando de material de defensa; resuelve las extradiciones pasivas y las órdenes europeas.

Tribunal Superior de Justicia: culmina la organización judicial en la comunidad autónoma. Salas de lo Civil y Penal, Contencioso y Social. Como Sala de lo Penal: causas contra aforados autonómicos, contra jueces y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio del cargo en la comunidad, y apelaciones contra las sentencias de las Audiencias Provinciales.

Audiencia Provincial: en la capital de provincia; Presidente y dos o más magistrados. En lo penal juzga los delitos no atribuidos a la Sección de lo Penal y resuelve los recursos contra Instrucción y Penal; en apelación de delitos leves, actúa con un solo magistrado. El Jurado actúa en su ámbito.

Tribunales de Instancia (uno por partido judicial): Sección Única o Civil e Instrucción, y posibles Secciones de Familia, Mercantil, Violencia sobre la Mujer, Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Penal, Menores, Vigilancia Penitenciaria, Contencioso y Social. La Sección de Instrucción instruye, juzga los delitos leves, dicta conformidades, tramita el habeas corpus y autoriza el internamiento de extranjeros. La Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria suelen estar en la capital de provincia. El Tribunal Central de Instancia (Madrid) instruye para la AN y tramita las órdenes europeas de detención.

Jueces de paz: en cada municipio sin Tribunal de Instancia; los elige el Pleno municipal por mayoría absoluta y los nombra la Sala de Gobierno del TSJ por 4 años; en lo penal juzgan los delitos leves que les atribuya la ley y actúan en prevención o por delegación.

El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, vela por la independencia de los tribunales y procura la satisfacción del interés social (art. 541). La Fiscalía Europea persigue los delitos contra los intereses financieros de la UE (art. 541 bis).

Abogados: dirigen y defienden a las partes y asesoran; son libres e independientes y guardan secreto profesional, sin que puedan ser obligados a declarar (art. 542). Procuradores: representan a las partes en exclusiva (art. 543). Juran o prometen acatar la Constitución, y la colegiación es obligatoria, salvo para quienes trabajan para las Administraciones (art. 544). Defensa de oficio gratuita para quien carece de recursos (art. 545).

Policía Judicial en la LOPJ: su función es auxiliar a jueces, tribunales y Fiscal en la averiguación de los delitos y el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, y corresponde, cuando se les requiera, a todos los miembros de las FCS, estatales, autonómicos o locales (art. 547). Las unidades de Policía Judicial dependen funcionalmente de jueces y fiscales (art. 548).

Funciones de las unidades (art. 549): averiguar responsables y circunstancias y detener, dando cuenta; auxiliar fuera de la sede; ejecutar la coerción ordenada; garantizar el cumplimiento de las resoluciones; y análogas. No pueden encargárseles funciones ajenas. El funcionario con una investigación concreta no puede ser apartado hasta que termine (o termine la fase procesal) salvo decisión o autorización del juez o fiscal (art. 550).

Capítulo I: las funciones generales de policía judicial corresponden a todos los miembros de las FCS (art. 1), a requerimiento del juez, del Fiscal o de los superiores, o por iniciativa propia canalizada por estos (art. 2). En defecto de unidades, transitoriamente o en urgencia, jueces y fiscales pueden encargar diligencias concretas a cualquier miembro de las FCS (art. 3). Todos practican por iniciativa propia las primeras diligencias de prevención y aseguramiento (art. 4) y cesan al hacerse cargo el juez o el Fiscal (art. 5).

Capítulo II: la PJ actúa bajo la dependencia funcional directa de jueces, tribunales y Fiscal (art. 6). Policía Judicial en sentido estricto: las Unidades Orgánicas del art. 30.1 LOFCS, de Policía Nacional y Guardia Civil (art. 7). Se organizan sobre base provincial, con secciones donde lo aconseje la criminalidad y unidades supraprovinciales por especialización (art. 9).

Capítulo III (dependencia funcional): dependen del juez o fiscal que conozca del asunto (art. 10); las instrucciones técnicas de los superiores no pueden contradecir las judiciales (art. 11); informan de la evolución (art. 12); son comisionados que pueden requerir auxilio (art. 13); guardan rigurosa reserva, que no impide el intercambio interno (art. 15); no pueden ser apartados de una investigación sin decisión o autorización judicial o fiscal (art. 16). El juez o fiscal insta sanciones o recompensas e informa preceptivamente si el expediente afecta a la investigación (art. 17).

Principios de actuación: investigación criminal permanente y especial (art. 18); no se les encargan funciones ajenas salvo las excepcionales del art. 33 LOFCS, dando cuenta a la Comisión Provincial (art. 19). Antes de abrirse el proceso judicial dependen del Fiscal (art. 20). Jueces y fiscales tratan directamente con el jefe de la unidad (art. 21). Para investigaciones pluriprovinciales o con grupos especializados, el encargo va por conducto del Presidente del TS o el Fiscal General, de la AN o del TSJ (art. 22).

La Ley 4/2015 se aplica a las víctimas de delitos cometidos en España o perseguibles aquí, sin importar nacionalidad, edad ni residencia legal (art. 1). Víctima directa: persona física dañada directamente por el delito. Víctima indirecta: en caso de muerte o desaparición, cónyuge o pareja, hijos convivientes, progenitores y parientes bajo guarda; en su defecto, otros parientes en línea recta y hermanos. No lo son los terceros perjudicados (art. 2).

Derechos (art. 3): protección, información, apoyo, asistencia, reparación, participación y trato respetuoso, se conozca o no al infractor. Prohibidas la mediación y la conciliación en violencia sexual y de género. Entender y ser entendida (art. 4) y estar acompañada por una persona de su elección desde el primer contacto.

Información desde el primer contacto, incluso antes de denunciar (art. 5). Como denunciante: copia certificada de la denuncia y traducción gratuita si no entiende la lengua (art. 6). Se le notifican el no inicio del procedimiento, la sentencia, la prisión o libertad y la fuga del infractor, las medidas cautelares para su seguridad, etc. (art. 7); en violencia de género, de oficio. Puede pedir no ser informada.

Período de reflexión: abogados y procuradores no pueden ofrecer servicios a víctimas de catástrofes hasta 45 días después (infracción muy grave) (art. 8). Intérprete gratuito; la negativa policial se recurre ante el juez con la simple disconformidad (art. 9). Acceso gratuito y confidencial a los servicios de apoyo y derivación a las Oficinas cuando la gravedad lo exija o la víctima lo pida (art. 10).

Participación: acción penal y civil, aportar pruebas (art. 11); recurrir el sobreseimiento sin estar personada (art. 12); en ejecución, recurrir tercer grado, libertad condicional y otras resoluciones en delitos graves aunque no sea parte: anuncio en 5 días y recurso en 15 (art. 13). Justicia restaurativa con reconocimiento de los hechos, consentimientos revocables y sin riesgo (art. 15). Puede denunciar en España hechos ocurridos en otro país de la UE (art. 17) y recuperar sin demora sus bienes (art. 18).

Protección (arts. 19-22): las autoridades garantizan vida, integridad, libertad e intimidad y evitan la victimización secundaria; con menores vela especialmente la Fiscalía. Las dependencias evitan el contacto víctima-agresor. En la investigación, declaraciones sin dilación, el menor número de veces posible, con acompañante de su elección y reconocimientos médicos solo si son imprescindibles.

Evaluación individual (arts. 23-24): se valoran las circunstancias personales, la naturaleza del delito (terrorismo, organización criminal, violencia de pareja o familiar, libertad sexual, trata, desaparición forzada, delitos de odio) y su violencia. En la investigación evalúa el juez de instrucción o de violencia sobre la mujer, con evaluación provisional del Fiscal o de la policía; en el juicio, el tribunal. La víctima puede renunciar a las medidas.

Medidas en la investigación (art. 25.1): dependencias adaptadas, profesionales formados, la misma persona en todas las declaraciones y, en violencia de pareja o familiar, libertad sexual y trata con fines sexuales, persona del mismo sexo si lo pide. En el juicio: evitar el contacto visual, declarar sin estar en la sala, evitar preguntas irrelevantes sobre su vida privada y vista sin público. Las de contacto visual y preguntas privadas sirven también en la investigación.

Menores, personas con discapacidad y víctimas de violencias sexuales (art. 26): declaraciones grabadas y reproducibles en juicio, o por expertos; defensor judicial si hay conflicto de intereses con sus representantes o el menor no está acompañado; en caso de duda sobre la edad, se presume menor.

Oficinas de Asistencia a las Víctimas (arts. 27-29): las organizan el Gobierno y las comunidades autónomas con competencias en Justicia; informan, prestan apoyo emocional, asesoran sobre derechos económicos y sobre la victimización, coordinan y valoran las necesidades de cada víctima. No exigen denuncia previa. Formación obligatoria para jueces, fiscales, FCS, forenses y personal de justicia (art. 30). Quien sea condenado por denuncia falsa reembolsa las ayudas con el interés legal más un 50 % (art. 35).