Tema 23. Derecho fiscal: represión del contrabando y Código Aduanero de la Unión

La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, sustituyó a la LO 7/1982 tras la llegada del mercado único (1 de enero de 1993). Al desaparecer las fronteras fiscales internas, la ley redefine el contrabando con conceptos propios y castiga también los abusos del tránsito, la salida del Patrimonio Histórico (incluso hacia otro Estado miembro), el comercio de fauna y flora protegidas, los precursores y el material de defensa y doble uso.

Se estructura en un título preliminar (definiciones), un título I (delito de contrabando, arts. 2-10) y un título II (infracciones administrativas, arts. 11-16), más disposiciones adicionales. Parte de la ley es ordinaria (art. 4, todo el título II, DA 1.ª.2 y 3, DA 4.ª…): la parte penal es orgánica.

Mercancía: todo bien corporal susceptible de comercio. El dinero, los cheques al portador y cualquier medio de pago (también electrónico) son mercancía cuando se ocultan entre otras mercancías presentadas en aduana o en los medios de transporte.

Cuatro movimientos que no hay que confundir: importación (entrada de mercancías NO comunitarias en el territorio español del territorio aduanero de la UE y en Ceuta y Melilla; se le asimila la entrada desde áreas exentas); introducción (entrada de mercancías comunitarias procedentes de otro Estado miembro); exportación (salida del territorio español, salvo la de mercancías comunitarias hacia el resto del territorio aduanero de la Unión); expedición (salida hacia otro Estado miembro).

Géneros estancados: los atribuidos por ley al Estado en monopolio, las labores del tabaco y los que la ley declare. Géneros prohibidos: los prohibidos expresamente por tratado suscrito por España, norma con rango de ley o reglamento de la UE, limitado a la actividad y al tiempo que fije la norma.

Otras definiciones: recinto aduanero (lugar habilitado por el Ministerio de Economía y Hacienda), autoridad aduanera (Departamento de Aduanas e IIEE y servicios de la AEAT encargados del control aduanero), áreas exentas (zonas y depósitos francos, depósitos aduaneros y lugares de depósito temporal), precursores (cuadros I y II de la Convención de Viena de 1988), químicos tóxicos (Convención de París de 1993) y mercancías sujetas a política comercial (las que exigen requisitos no tributarios: licencias, permisos, homologaciones, etiquetado).

Art. 2.1 — umbral 150.000 €: a) importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para despacho (ocultarlas en el recinto equivale a no presentarlas); b) comerciar, tener o hacer circular mercancías no comunitarias sin acreditar su lícita importación; c) destinar al consumo mercancías en tránsito incumpliendo su régimen (código aduanero y Convenio TIR); d) importar o exportar mercancías sujetas a política comercial sin cumplir sus normas o con autorización obtenida con datos falsos; e) obtener el levante con causa falsa; f) conducir mercancías no comunitarias en buque de porte menor al permitido por costas no habilitadas, aguas interiores, mar territorial o zona contigua; g) alijar o transbordar clandestinamente cualquier mercancía en esas aguas (o en persecución del art. 111 de Montego Bay).

Art. 2.2 — umbral 50.000 €: a) exportar o expedir bienes del Patrimonio Histórico Español sin autorización; b) operaciones con géneros estancados o prohibidos y con especímenes CITES (Convenio de Washington de 1973); c) operaciones sin autorización con material de defensa y doble uso, productos para tortura o pena de muerte (anexo III del Reglamento 1236/2005) y precursores (Reglamento 111/2005); d) obtener el levante con causa falsa respecto de esos bienes.

Art. 2.3 — sin umbral o umbral reducido: es delito con independencia del valor el contrabando de drogas, estupefacientes, psicotrópicos, armas, explosivos, agentes biológicos o toxinas, químicos tóxicos y cualquier bien cuya tenencia sea delito, y el realizado a través de una organización. Con labores de tabaco, el umbral es de 15.000 €.

Delito continuado por suma de valores (art. 2.4): varias acciones en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión que, por separado, no llegan a 150.000, 50.000 o 15.000 €, son delito si el valor acumulado los alcanza.

Se castiga también la imprudencia grave (art. 2.5). Las personas jurídicas responden conforme al art. 31 bis CP; si actúa un ente sin personalidad, se aplica el art. 129 CP.

Penas (art. 3): prisión de 1 a 5 años y multa del tanto al séxtuplo del valor. En las letras a), b) y e) del art. 2.1 (salvo la e) respecto de política comercial) se imponen en su mitad inferior; en los demás casos del art. 2, en su mitad superior. Imprudencia: pena inferior en un grado. Si se comete por medio o en beneficio de entidades que facilitan especialmente el delito: pena superior en un grado.

Persona jurídica: multa del duplo al cuádruplo y prohibición de subvenciones, contratación pública y beneficios fiscales de 1 a 3 años; además, en el art. 2.2, suspensión de actividades de 6 meses a 2 años, y en el art. 2.3, clausura de locales. Conspiración y proposición en material de defensa o doble uso: pena inferior en uno o dos grados.

Responsabilidad civil (art. 4): la deuda tributaria no ingresada que no haya podido liquidarse (prescripción, art. 251.1 LGT), con intereses de demora. La multa y la responsabilidad civil las ejecuta la Administración Tributaria por vía de apremio a petición del juez (art. 4 bis).

Comiso (art. 5): mercancías objeto del delito; materiales y maquinaria para fabricar o comerciar estancados o prohibidos; medios de transporte (salvo que sean de un tercero no partícipe y el juez lo considere desproporcionado); ganancias; instrumentos. Si no es posible, comiso por valor equivalente. No hay comiso de bienes de lícito comercio de un tercero de buena fe. Comiso ampliado en organizaciones (patrimonio desproporcionado a los ingresos legales) y comiso sin condena si hay exención o extinción de la responsabilidad. Lo decomisado se adjudica al Estado; lo de lícito comercio lo vende la AEAT, salvo en drogas y precursores (Mesa de Coordinación de Adjudicaciones).

Intervención y enajenación (arts. 6-9): el juez interviene los bienes, puede nombrar depositarios a los propios investigados y permitir su uso provisional por las fuerzas que persiguen el contrabando. Venta anticipada si hay abandono expreso o la conservación es peligrosa o produce pérdida importante de valor (incluida la depreciación por el tiempo). Los no enajenables se adscriben a esas fuerzas.

Valoración (art. 10): estancados, por el precio máximo de venta al público (si no lo hay, el de la clase más similar o tasación pericial); patrimonio y CITES, con informes de las Administraciones; importación o exportación, precio medio declarado en la subpartida de 8 dígitos (o 6 o 4); el resto, precio oficial o de mercado. Se valora a la fecha del ilícito (o del descubrimiento o aprehensión) y el precio medio es el del mes natural anterior.

Quién y cuándo (art. 11.1): personas físicas o jurídicas y entidades del art. 35.4 LGT que realicen las conductas del art. 2.1 o 2.2 con dolo o cualquier grado de negligencia, cualquiera que sea el valor, cuando no sean delito. En el tránsito se presume el destino al consumo si las mercancías no llegan intactas a la aduana de destino o no se respetan las medidas de identificación.

Clasificación por valor (art. 11.2): general — leve < 37.500 €; grave 37.500-112.500 € (ambos incluidos); muy grave > 112.500 €. Art. 2.2 — leve < 6.000 €; grave 6.000-18.000 €; muy grave > 18.000 €. Tabaco — leve < 1.000 €; grave 1.000-6.000 €; muy grave > 6.000 €.

Otras infracciones (art. 11.3, siempre muy graves): romper el precinto de máquinas expendedoras de tabaco o de establecimientos cerrados, trabajar durante el cierre o quebrantar la suspensión de actividad.

Resistencia u obstrucción (art. 11.4), cuando no se use para graduar: a) no facilitar documentación; b) no atender requerimientos; c) no comparecer sin causa; d) negar o impedir la entrada o el reconocimiento de locales, medios de transporte o instalaciones; e) coacciones a autoridades, funcionarios o fuerzas; f) cualquier otra maniobra dilatoria. Graves: la d) y la e); leves: las demás.

Multa general (art. 12.1), proporcional al valor: leves 100-150 %, graves 150-250 %, muy graves 250-350 %; mínimo 500 €.

Bienes del art. 2.2 (art. 12.2): leves 200-225 %, graves 225-275 %, muy graves 275-350 %, mínimo 1.000 €. Tabaco: leves 200-300 %, graves 300-450 %, muy graves 450-600 %, mínimo 2.000 €.

Cierre y suspensión: con tabaco el cierre de los establecimientos del infractor es obligatorio: leves de 7 días a 6 meses, graves de 6 meses y 1 día a 12 meses, muy graves de 12 meses y 1 día a 24 meses; definitivo si es muy grave y hay reiteración (dos condenas o sanciones muy graves firmes en 5 años). En el resto del art. 2.2 es potestativo: graves de 4 días a 6 meses, muy graves de 6 meses y 1 día a 12 meses, limitado a los espacios afectados. Se cumple de forma ininterrumpida.

Quebrantamiento (art. 12.3): multa del doble de la sanción quebrantada y cierre adicional igual al quebrantado (o el doble si se prueba actividad económica). Resistencia (art. 12.4): leves 1.000 €; graves 3.000 €; coacciones 5.000 €.

Graduación (art. 12 bis), criterios simultáneos: a) reiteración (sanción o condena firme en los 5 años anteriores); b) resistencia; c) medios fraudulentos (anomalías contables, documentos falsos, planificación, clasificación arancelaria incorrecta que eluda el control informático) o persona interpuesta; d) facilidad especial; e) uso de las simplificaciones del despacho; f) naturaleza de los bienes, que actúa como atenuante con bienes de lícito comercio no sensibles.

Competencia (art. 13): sancionan los órganos de la Administración aduanera de la AEAT; se recurre en vía económico-administrativa y luego contencioso-administrativa.

Medidas (art. 14): se aplican a las infracciones el comiso, la intervención, la enajenación y la valoración de la parte penal. Antes de iniciar el procedimiento, autoridades, funcionarios y fuerzas que conozcan los hechos deben aprehender cautelarmente lo que pueda decomisarse. Los medios de pago portados por personas se rigen por la normativa de blanqueo: el acta va al SEPBLAC y a la Secretaría de la Comisión, indicando si había clara intención de ocultarlos.

No concurrencia (art. 14 bis): si hay indicios de delito, la Administración pasa el tanto de culpa o remite al Fiscal y suspende. La condena impide la sanción; si no hay delito, sigue con los hechos probados y la prescripción se reanuda donde estaba; lo actuado durante la suspensión se tiene por inexistente. La sanción es compatible con la deuda tributaria y aduanera y los intereses.

Prescripción (art. 15): infracciones, 4 años desde la comisión; sanciones, 4 años desde el día siguiente a la firmeza. Registro (art. 16): los servicios de aduanas pueden registrar cualquier vehículo, caravana, paquete o bulto y tienen acceso libre, directo e inmediato a las instalaciones del recinto.

Disposiciones adicionales: las fuerzas que persiguen el contrabando mantienen sus facultades; el Servicio de Vigilancia Aduanera actúa en coordinación con las FCSE y es colaborador de ellas; la Aduana puede autorizar la salida vigilada de mercancías de los recintos; las compañías de transporte remiten datos de pasajeros de fuera del territorio aduanero, que se borran en 90 días; la deuda puede liquidarse aunque haya proceso penal (plazo de 3 años si faltan elementos). Retroactividad favorable y supletoriedad del Código Penal (título I) y de la LGT (título II).

El Real Decreto 1649/1998, de 24 de julio, desarrolla el título II de la LO 12/1995: tipificación, sanciones y graduación (capítulo I) y procedimiento sancionador (capítulo II). Se publicó en 1998 y no ha sido consolidado: sus cifras en pesetas, sus porcentajes y su prescripción de cinco años están superados por la ley vigente (euros, multas hasta el 350 %, prescripción de cuatro años). En caso de choque, manda la LO.

Aportaciones que siguen siendo útiles: se presume ocultación dolosa si hay dobles fondos o espacios disimulados; el tránsito se destina al consumo si hay cualquier acto de comercio, incluido el autoconsumo; la salida del Patrimonio Histórico es infracción aunque vaya a otro Estado miembro; la prescripción se aplica de oficio; se presume titular a quien figura en un registro público.

Graduación: se parte del límite inferior; los criterios se suman y nunca se pasa del límite superior ni se baja del inferior. La naturaleza de los bienes (lícito comercio no sensible) reduce 15-20 puntos (leves y muy graves) o 30-40 (graves). La reiteración (sanción firme en 5 años) aumenta: una sanción previa, +15-20 / +30-40 puntos; más de una, +40-50 / +80-100. Con tabaco hay escalas propias en puntos y en días de cierre.

Los mismos incrementos de la reiteración se aplican a la resistencia (no atender requerimientos o dilatar las actuaciones), a los medios fraudulentos (solo si dificultan el control) y a la planificación (dobles fondos, precintos falsos, radioescucha, detectores de controles, coordinación de vehículos), a la persona interpuesta (bienes a nombre de un tercero, con o sin su consentimiento), a la facilidad especial (personal de aduanas, transportistas internacionales, agencias de aduanas, transitarias, garantes TIR, depósitos) y al uso de procedimientos simplificados.

Órganos (art. 16): imponen multas, decretan el comiso y ordenan la venta anticipada los Administradores de Aduanas e IIEE, los Interventores de Territorio Franco, los Jefes de Dependencia de Aduanas e IIEE y el Director del Departamento de Aduanas e IIEE; el cierre de establecimientos por tabaco solo lo acuerda el Director del Departamento. Inician e instruyen las Secciones de contrabando de la provincia donde se descubre la infracción (o de las Intervenciones de Territorio Franco, o la Sección de Aduanas de la Delegación de la AEAT).

Si hay indicios de delito, el órgano pasa el tanto de culpa al juzgado (notificándolo al interesado y poniendo a su disposición las mercancías) y se abstiene; la remisión interrumpe la prescripción y la condena excluye la sanción (art. 17). El reconocimiento de responsabilidad o el pago voluntario antes de la resolución permiten saltarse fases, sin perder el derecho a recurrir (art. 18).

Inicio siempre de oficio (art. 20): por iniciativa propia, orden superior, petición razonada o denuncia, apoyándose en la actuación de los órganos aduaneros, de la Guardia Civil en sus funciones de resguardo fiscal, de las demás FCS y de las autoridades militares. El denunciante no es interesado ni puede recurrir (art. 21).

Actuaciones previas (art. 22): las demás FCS y las autoridades militares actúan si las requieren con urgencia, si sorprenden a los infractores en flagrancia o para aprehender preventivamente cuando no están presentes los órganos competentes. Con varios cuerpos, la dirección funcional es del órgano aduanero competente para resolver. Las diligencias se remiten en 48 horas con los bienes a disposición. Si no procede iniciar, se devuelven los bienes.

Diligencias (art. 23): de aprehensión (se aprehenden los bienes) o de descubrimiento (no se aprehenden); sin modelo preestablecido, pero con un contenido mínimo (lugar, día y hora; identificación de los implicados; descripción de bienes y medios; circunstancias para graduar; identificación de los aprehensores; preceptos infringidos; órgano destinatario; manifestaciones; domicilio para notificaciones). Las firman los agentes y los presuntos infractores o, si no saben o no quieren, dos testigos. Van por triplicado y son documento público con valor probatorio.

Destino de lo aprehendido (art. 24): tabaco y estancados, al Comisionado para el Mercado de Tabacos o al monopolio; prohibidos y material de defensa, a sus organismos de custodia; Patrimonio Histórico, a Bellas Artes o al órgano autonómico; especímenes CITES, a organismos especializados (comunicándolo al Departamento de Aduanas); el resto, a los almacenes de la Administración aduanera.

Iniciación (art. 25): antes de dictar el acuerdo se valoran los bienes y se adoptan medidas provisionales. Si el acuerdo contiene todo lo de una propuesta, se avisa de que, sin alegaciones en 15 días, valdrá como propuesta de resolución. Se pueden acumular expedientes conexos solo a efectos de tramitación y sanción, sin sumar valores (art. 26). La valoración sigue el art. 10 de la LO; los informes sobre tributos canarios o de Ceuta y Melilla se emiten en 10 días (art. 27).

Medidas provisionales (art. 28): los bienes se intervienen; si son no comunitarios quedan en depósito aduanero. Pueden nombrarse depositarios a los presuntos responsables. El instructor puede autorizar actos de disposición del Comisionado de Tabacos (incluida la destrucción) y la venta inmediata de lo perecedero o abandonado; la venta la efectúa siempre el Departamento de Aduanas e IIEE. Nada se devuelve hasta la resolución firme.

Notificación de la iniciación (art. 29): identificación del infractor, hechos y sanciones posibles, órganos y posibilidad de reconocer o pagar, posibilidad de abandono expreso, medidas provisionales, valoración y derecho a alegar, probar y ser oído.

Instrucción: el instructor pide siempre los antecedentes de sanciones de los inculpados (solo del periodo útil para graduar) y llama como parte a los nuevos implicados (art. 30). Alegaciones: 15 días desde la notificación (art. 31). Prueba: entre 10 y 30 días (art. 32). Audiencia: 15 días (art. 33). Propuesta de resolución motivada (art. 34).

Resolución (art. 35): motivada, con hechos, valor, infractores, antecedentes de los 5 años anteriores, sanción y criterios, comiso, forma de pago, cierre y recursos. Plazo: 6 meses desde la iniciación, prorrogable una vez por 6 meses; si pasan 30 días desde el vencimiento sin resolver, caduca (puede reiniciarse si no ha prescrito). El recurso en plazo suspende automáticamente la ejecución sin garantía.

Destino final: lo no decomisado se devuelve (o su precio, o se indemniza si dispuso el Comisionado); lo decomisado se adjudica al Estado (notificando a la Delegación de Economía y Hacienda) y, si es no comunitario, queda en depósito aduanero; lo no enajenable se adscribe a las fuerzas aprehensoras. El Departamento de Aduanas e IIEE lleva el registro de sancionados.

El Reglamento (UE) n.º 952/2013, de 9 de octubre de 2013, establece el código aduanero de la Unión (CAU): disposiciones y procedimientos generales para las mercancías que entran o salen del territorio aduanero de la Unión. Se aplica de manera uniforme en todo ese territorio. Del CAU entran en el programa solo los títulos y capítulos citados en el epígrafe.

Misión de las aduanas (art. 3): supervisar el comercio internacional de la Unión. En particular: a) proteger los intereses financieros de la Unión y de los Estados; b) proteger frente al comercio desleal e ilegal apoyando el legítimo; c) garantizar la seguridad y protección de la Unión y sus residentes y el medio ambiente; d) mantener el equilibrio entre controles y facilitación del comercio.

Territorio aduanero (art. 4): los Estados miembros con su mar territorial, aguas interiores y espacio aéreo, con exclusiones: España salvo Ceuta y Melilla (Canarias sí está dentro), Dinamarca salvo Feroe y Groenlandia, Alemania salvo Heligoland y Büsingen, Italia salvo Livigno, Francia salvo sus territorios de ultramar de la cuarta parte del TFUE. Se incluyen fuera de los Estados Mónaco y las zonas británicas de Akrotiri y Dhekelia (Chipre).

Definiciones clave (art. 5): operador económico (actúa profesionalmente en actividades aduaneras); representante aduanero; riesgo y gestión de riesgos; declaración en aduana (voluntad de incluir en un régimen); declaración sumaria de entrada/salida (aviso de que las mercancías van a entrar o salir); declaración y notificación de reexportación (esta última para zona franca y depósito temporal); regímenes aduaneros: libre práctica, especiales y exportación; depósito temporal (situación, no régimen).

Más definiciones: deuda aduanera (obligación de pagar los derechos de importación o exportación); mercancías de la Unión (obtenidas enteramente en la Unión, importadas y despachadas a libre práctica, u obtenidas con ellas); levante; devolución (reembolso de lo pagado) frente a condonación (dispensa de lo pendiente); persona establecida (residencia habitual o sede/establecimiento permanente); presentación en aduana; titular de las mercancías y del régimen; decisión (acto sobre un caso concreto con efectos jurídicos).

Información (sección 1): todo intercambio y almacenamiento de información entre aduanas y operadores se hace por medios electrónicos; caben otros medios de forma permanente (si lo justifica el tráfico) o temporal (caída de sistemas), y la Comisión puede conceder excepciones temporales a un Estado. Los operadores establecidos se registran ante la aduana del lugar de establecimiento; los no establecidos, donde presenten su primera declaración o solicitud; quien no es operador no tiene que registrarse, salvo disposición en contrario.

La información confidencial está protegida por el secreto profesional y no se difunde sin consentimiento, salvo obligación legal; puede comunicarse a terceros países en el marco de acuerdos. Aduanas y operadores pueden intercambiar información adicional (incluso con acceso a los sistemas del operador), que es confidencial salvo acuerdo. Las aduanas informan a quien lo pida (pueden rechazarlo si no hay actividad de comercio internacional prevista) y publican la normativa sin restricciones, gratis y por Internet cuando sea factible.

Deber de colaborar (art. 15): quien intervenga en formalidades o controles facilita información, documentos y asistencia. Quien presenta una declaración responde de la exactitud e integridad de los datos, de la autenticidad y validez de los justificantes y del cumplimiento de las obligaciones del régimen; el representante que la presenta responde también.

Representación aduanera (sección 2): directa (en nombre y por cuenta de otro) o indirecta (en nombre propio y por cuenta de otro). El representante debe estar establecido en la Unión (con dispensa si representa a quien no tiene que estarlo). Debe declarar que actúa como representante y de qué tipo; si no lo hace o carece de poder, se entiende que actúa en nombre y por cuenta propios. La aduana puede pedir la prueba del poder, pero no en cada ocasión al representante habitual.

Deuda de importación (art. 77): nace al incluir mercancías no pertenecientes a la Unión sujetas a derechos en el despacho a libre práctica (también con destino final) o en la importación temporal con exención parcial, en el momento de la admisión de la declaración. Deudor: el declarante; en representación indirecta, también el representado; y quien suministró información falsa sabiéndolo o debiendo saberlo.

Mercancías no originarias (art. 78): si rige una prohibición de devolución o exención por un acuerdo preferencial, la deuda nace con la admisión de la declaración de reexportación de los productos fabricados con ellas.

Deuda por incumplimiento (art. 79): nace si se incumple una obligación sobre introducción, retirada de la vigilancia aduanera, circulación, transformación, depósito o disposición de mercancías no pertenecientes a la Unión, o sobre el destino final, o una condición de inclusión en un régimen. Momento: cuando se incumple la obligación (o al admitirse la declaración, si después se ve que no se cumplía la condición). Deudores: el obligado, quien actuó por su cuenta o participó sabiéndolo, y quien adquirió o poseyó las mercancías sabiéndolo o debiendo saberlo. Se deduce lo ya pagado con tipo reducido o exención parcial (art. 80).

Deuda de exportación (arts. 81-82): nace al incluir mercancías sujetas a derechos de exportación en exportación o perfeccionamiento pasivo (admisión de la declaración; deudor el declarante y, en representación indirecta, el representado). Por incumplimiento: al salir sin declaración, al llegar a un destino distinto del autorizado con exención o, si no puede fijarse, al vencer el plazo de prueba.

Despacho a libre práctica (art. 201): para mercancías no pertenecientes a la Unión destinadas al mercado de la Unión o a uso o consumo privado. Implica la percepción de derechos y otros gravámenes, la aplicación de política comercial, prohibiciones y restricciones y las demás formalidades. Confiere el estatuto de mercancía de la Unión.

Política comercial y perfeccionamiento (art. 202): a los productos del perfeccionamiento activo despachados a libre práctica se les aplican las medidas propias de las mercancías incluidas en el régimen en los supuestos que señala el artículo; tras perfeccionamiento pasivo no se aplican si conservan el origen de la Unión, si fue una reparación o si siguió a operaciones ulteriores.

Mercancías de retorno (arts. 203-207): exentas de derechos, a petición, las mercancías exportadas como de la Unión que se reintroducen y declaran a libre práctica en 3 años (plazo superable por circunstancias especiales), aunque sea solo una parte, si vuelven en el mismo estado. Si salieron con exención por destino final, necesitan el mismo destino. Sin exención las beneficiadas por medidas de la PAC que implicaban su exportación.

Pesca marítima (arts. 208-209): exentos los productos extraídos de aguas territoriales de terceros países por buques matriculados exclusivamente en un Estado miembro y con su pabellón, y los elaborados a bordo de buques factoría en las mismas condiciones.

Categorías (art. 210): tránsito (interno y externo), depósito (depósito aduanero y zonas francas), destinos especiales (importación temporal y destino final) y perfeccionamiento (activo y pasivo).

Autorización (art. 211): necesaria para perfeccionamiento activo y pasivo, importación temporal, destino final y explotación de depósitos aduaneros (salvo que el operador sea la propia aduana). Puede ser retroactiva si hay necesidad económica, no hay fraude, se acredita con registros, no hubo otra retroactiva en 3 años y no se trata de depósitos aduaneros. Requisitos del titular: establecido en la Unión, solvente en la ejecución, con garantía si puede nacer deuda.

Reglas comunes: registros obligatorios (salvo en tránsito); el régimen se ultima al pasar a otro régimen, salir de la Unión, destruirse sin residuos o abandonarse al Estado (el tránsito, comparando datos de partida y destino); transferencia de derechos y obligaciones (salvo en tránsito); circulación entre lugares de la Unión; manipulaciones usuales en depósito, perfeccionamiento y zona franca; mercancías equivalentes (mismos 8 dígitos NC, calidad y características), no permitidas si solo hay manipulaciones usuales o ventaja injustificada.

Tránsito externo (art. 226): mercancías no pertenecientes a la Unión circulan dentro de la Unión sin derechos, otros gravámenes ni política comercial (salvo prohibiciones). Formas: tránsito de la Unión, Convenio TIR (si empieza o termina fuera, o cruza un tercer país), ATA/Estambul, Manifiesto Renano, impreso 302 (OTAN) y correo. Tránsito interno (art. 227): mercancías de la Unión entre dos puntos de la Unión a través de un tercer país, sin cambiar de estatuto.

La Unión es territorio único a efectos TIR, ATA, 302 y correo; la exclusión de una persona de las operaciones TIR vale en toda la Unión. Tránsito de la Unión (art. 233): el titular presenta las mercancías intactas en destino en plazo, cumple la normativa y presta garantía; responde también el transportista o destinatario que las acepta a sabiendas. Simplificaciones: expedidor autorizado, destinatario autorizado, precintos especiales, declaración con menos datos y documento de transporte electrónico. Al cruzar un tercer país con título único, el régimen se suspende fuera de la Unión.

Declaración previa a la salida (art. 263): toda mercancía que vaya a salir de la Unión la necesita, en la aduana competente y en plazo; dispensa para los transportes que solo atraviesan aguas territoriales o espacio aéreo sin parar y otros casos justificados. Forma: declaración en aduana, declaración de reexportación o declaración sumaria de salida, con datos para el análisis de riesgos de seguridad que hace la aduana (art. 264).

Formalidades de salida (art. 267): las mercancías quedan bajo vigilancia aduanera; la aduana puede fijar ruta y plazo. Las presenta quien las saca, quien actúa por cuenta de este o quien asume su transporte antes de la salida. Están sujetas a devolución o condonación, restituciones, derechos de exportación, otros gravámenes y prohibiciones y restricciones (moralidad, orden público, salud, medio ambiente, patrimonio histórico, propiedad industrial, precursores, dinero en metálico, pesca, política comercial). El levante exige que salgan en el mismo estado.

Exportación (art. 269): las mercancías de la Unión que salen se incluyen en exportación, salvo perfeccionamiento pasivo, salida tras destino final, avituallamiento exento de buques y aeronaves, tránsito interno y salida temporal del art. 155. Reexportación (art. 270): las no pertenecientes a la Unión necesitan declaración de reexportación, salvo tránsito externo que solo cruza, zona franca y depósito temporal con reexportación directa.

Declaración sumaria de salida (arts. 271-272): cuando no hay declaración en aduana ni de reexportación; se presenta en la aduana de salida y la presenta el transportista (o, en su lugar, el exportador, el expedidor u otros). Pueden aceptarse sistemas comerciales o portuarios y la sustitución por notificación y acceso a los datos del operador. Se rectifica a petición salvo que la aduana vaya a examinar, haya detectado errores o haya dado el levante; se invalida a petición o a los 150 días si las mercancías no salen.