Tema 1. Derechos humanos: Carta de la ONU, tratados, Corte Penal Internacional y Defensor del Pueblo

La Carta de las Naciones Unidas se firmó en San Francisco el 26 de junio de 1945. Su preámbulo arranca con «Nosotros los pueblos» y la decisión de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra.

Propósitos (art. 1): mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar relaciones de amistad basadas en la igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos; realizar la cooperación internacional (también en derechos humanos, sin distinción por raza, sexo, idioma o religión) y servir de centro armonizador.

Principios (art. 2): igualdad soberana; cumplimiento de buena fe; arreglo pacífico de controversias; prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política; asistencia a la Organización; que los no miembros respeten estos principios en lo necesario para la paz; y no intervención en asuntos internos, que no impide las medidas coercitivas del Capítulo VII.

Miembros: originarios (San Francisco o Declaración de 1-1-1942) y admitidos (Estados amantes de la paz). Admisión, suspensión y expulsión: Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad; la restitución de derechos la decide solo el Consejo de Seguridad. Expulsión: violación repetida de los Principios.

Otras reglas que caen: legítima defensa individual o colectiva ante un ataque armado, comunicándola inmediatamente al Consejo (art. 51); los tratados no registrados no pueden invocarse ante órganos de la ONU (art. 102); prevalece la Carta sobre cualquier otro convenio (art. 103); reformas con dos tercios de la Asamblea y ratificación de dos tercios de los Miembros, incluidos los cinco permanentes (art. 108).

Seis órganos principales (art. 7): Asamblea General, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y Secretaría. Pueden crearse órganos subsidiarios (el Consejo de Derechos Humanos lo es de la Asamblea).

Asamblea General: todos los Miembros, con hasta cinco representantes y un voto cada uno. Cuestiones importantes por dos tercios de presentes y votantes (paz y seguridad, elecciones de CS, ECOSOC y Fiduciaria, admisión, suspensión, expulsión, presupuesto); las demás por mayoría. Pierde el voto el Miembro que deba las cuotas de los dos años anteriores completos. Aprueba el presupuesto. Mientras el Consejo de Seguridad trate una controversia, la Asamblea no recomienda sobre ella salvo que el Consejo lo pida.

Consejo de Seguridad: 15 miembros; 5 permanentes (China, Francia, Rusia —URSS en el texto—, Reino Unido y Estados Unidos) y 10 no permanentes elegidos por dos años, sin reelección inmediata. Tiene la responsabilidad primordial de la paz. Votos: procedimiento, 9 afirmativos; fondo, 9 incluidos los 5 permanentes (veto). En el Capítulo VI la parte en la controversia se abstiene. Capítulo VII: medidas sin fuerza (art. 41: ruptura de relaciones económicas, comunicaciones y diplomáticas) y con fuerza (art. 42). Le asesora el Comité de Estado Mayor.

Consejo Económico y Social: 54 miembros elegidos por la Asamblea; 18 cada año por tres años, reelegibles. Decide por mayoría de presentes y votantes. Crea comisiones, entre ellas para la promoción de los derechos humanos (art. 68), y consulta con ONG (art. 71).

Consejo de Administración Fiduciaria: administradores, permanentes no administradores y elegidos por tres años para lograr la paridad. Las zonas estratégicas dependen del Consejo de Seguridad; las no estratégicas, de la Asamblea General.

Corte Internacional de Justicia: órgano judicial principal; su Estatuto forma parte de la Carta. 15 magistrados, ninguno con la misma nacionalidad, elegidos por Asamblea y Consejo votando por separado (mayoría absoluta en ambos, sin veto), por nueve años y reelegibles. Sede en La Haya. Solo los Estados son partes en casos contenciosos; fallo definitivo e inapelable; si una parte lo incumple, la otra acude al Consejo de Seguridad. Opiniones consultivas a petición de la Asamblea General o el Consejo de Seguridad (otros órganos, si los autoriza la Asamblea).

Secretaría: el Secretario General, más alto funcionario administrativo, lo nombra la Asamblea a recomendación del Consejo. Presenta un informe anual a la Asamblea, puede llamar la atención del Consejo sobre amenazas a la paz (art. 99) y, con su personal, no recibe instrucciones de ningún gobierno.

Adoptada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948 (resolución 217 A (III)). Es una declaración, no un tratado sujeto a ratificación; tiene 30 artículos y se proclama como «ideal común» de todos los pueblos.

Bloques: 1-2 dignidad, igualdad y no discriminación; 3-5 vida, libertad y seguridad, prohibición de esclavitud y de tortura (art. 5); 6-12 personalidad jurídica, igualdad ante la ley, recurso efectivo, prohibición de detención arbitraria (art. 9), juicio justo, presunción de inocencia (art. 11) y vida privada (art. 12).

13-15 circulación (incluido salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar), asilo (no invocable frente a delitos comunes) y nacionalidad; 16-17 matrimonio, familia y propiedad; 18-21 pensamiento, conciencia y religión, expresión, reunión y asociación (nadie obligado a pertenecer a una asociación) y participación política (la voluntad del pueblo es la base de la autoridad).

22-27 derechos económicos, sociales y culturales: seguridad social, trabajo (igual salario por igual trabajo, sindicarse), descanso y vacaciones pagadas, nivel de vida, educación (gratuita al menos la elemental, que es obligatoria; derecho preferente de los padres a elegir) y cultura. 28-30: orden social e internacional, deberes y límites legítimos (solo por ley y para fines tasados) y prohibición de interpretar la Declaración para destruir derechos.

Creado por la Resolución 60/251 de la Asamblea General (15 de marzo de 2006), con sede en Ginebra, en sustitución de la Comisión de Derechos Humanos (que dependía del ECOSOC). Es órgano subsidiario de la Asamblea General, no un órgano principal ni un tribunal.

Composición: 47 Estados elegidos de forma directa e individual, en votación secreta, por la mayoría de los miembros de la Asamblea. Reparto regional: África 13, Asia 13, Europa oriental 6, América Latina y Caribe 8, Europa occidental y otros 7. Mandato de tres años; no hay reelección inmediata tras dos períodos consecutivos. La Asamblea puede suspender a un miembro por violaciones graves y sistemáticas por dos tercios de presentes y votantes.

Funcionamiento: al menos tres períodos de sesiones al año (uno principal) y no menos de diez semanas; sesiones extraordinarias a petición de un miembro con apoyo de un tercio. Principios: universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad.

Mecanismos: examen periódico universal (revisa a todos los Estados con igualdad de trato, es cooperativo y no duplica a los órganos de tratados), procedimientos especiales (relatores y grupos de trabajo) y procedimiento de denuncia. No confundir con el Comité de Derechos Humanos del PIDCP ni con la Oficina del Alto Comisionado.

Hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (53 artículos), ratificado por España en 1977. El art. 1, común con el PIDESC, reconoce la libre determinación de los pueblos.

Obliga a respetar y garantizar los derechos a todos los que estén en su territorio y bajo su jurisdicción, con recurso efectivo incluso frente a funcionarios. En situaciones excepcionales proclamadas oficialmente pueden suspenderse obligaciones, salvo los arts. 6, 7, 8.1-2, 11, 15, 16 y 18 (vida, tortura, esclavitud, prisión por deudas, legalidad penal, personalidad jurídica y conciencia/religión).

Derechos clave para el servicio: pena de muerte nunca por delitos de menores de 18 ni a embarazadas; prohibición de experimentos sin consentimiento; detenido informado en el momento de la detención y llevado sin demora ante el juez; la prisión preventiva no es la regla general; procesados separados de condenados y menores separados de adultos; nadie encarcelado por no cumplir un contrato; garantías procesales (intérprete gratuito, no declarar contra sí mismo, doble instancia, non bis in idem); retroactividad de la pena más leve; prohibición de la propaganda de guerra y la apología del odio.

Comité de Derechos Humanos: 18 miembros nacionales de los Estados Partes, a título personal, elegidos por cuatro años y reelegibles; quórum de doce; se reúne en Nueva York o Ginebra. Recibe informes (el primero en un año) y, si los Estados lo aceptan, comunicaciones entre Estados (art. 41). Entró en vigor tres meses después del 35.º instrumento.

Hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 (31 artículos) y ratificado por España en 1977. Comparte con el PIDCP el art. 1 (libre determinación).

Obligación de realización progresiva: cada Estado adopta medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga. Los países en vías de desarrollo pueden decidir en qué medida garantizan los derechos económicos a los no nacionales. Limitaciones solo por ley y para promover el bienestar general.

Derechos: trabajo; condiciones equitativas (igual salario por trabajo de igual valor, ascenso según tiempo de servicio y capacidad, descanso y vacaciones pagadas); sindicación y huelga (con posibles restricciones para Fuerzas Armadas, Policía y Administración del Estado); seguridad social; protección de la familia, las madres y los menores; nivel de vida y protección contra el hambre; más alto nivel posible de salud física y mental; educación (primaria obligatoria y gratuita; secundaria y superior con gratuidad progresiva; plan de dos años si no hay primaria gratuita) y cultura.

Control: informes al Secretario General, que los transmite al Consejo Económico y Social (no a un comité creado por el propio Pacto, a diferencia del PIDCP). Entrada en vigor: tres meses tras el trigésimo quinto instrumento.

Firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 por los miembros del Consejo de Europa (no de la UE). Garantiza los derechos a toda persona dependiente de la jurisdicción de los Estados. El preámbulo recoge la subsidiariedad y el margen de apreciación de los Estados bajo el control del TEDH.

Título I: vida (la muerte por uso de fuerza absolutamente necesaria solo se justifica en defensa ante agresión ilegítima, para detener conforme a derecho o impedir la evasión, y para reprimir legalmente una revuelta); tortura (art. 3); esclavitud y trabajo forzado (con excepciones); libertad y seguridad (casos tasados de detención, información en lengua comprensible, juez sin dilación, control judicial y reparación); proceso equitativo; legalidad penal; vida privada; pensamiento; expresión; reunión y asociación (restricciones legítimas a Fuerzas Armadas, Policía y Administración); matrimonio; recurso efectivo; no discriminación.

Derogación en guerra o peligro público (art. 15), informando al Secretario General del Consejo de Europa; nunca de los arts. 2 (salvo actos lícitos de guerra), 3, 4.1 y 7. Se puede restringir la actividad política de los extranjeros (art. 16); prohibición del abuso de derecho.

Protocolos: adicional (París, 1952) —propiedad, instrucción y elecciones libres—; n.º 4 —prisión por deudas, circulación, no expulsión de nacionales y prohibición de expulsiones colectivas—; n.º 6 (1983) —abolición de la pena de muerte salvo en tiempo de guerra—; n.º 7 —garantías en la expulsión, doble instancia penal, indemnización por error judicial, non bis in idem, igualdad de cónyuges—; n.º 12 —prohibición general de discriminación—; n.º 13 —abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.

Instituido por el Título II del CEDH, funciona de manera permanente en Estrasburgo. Tiene tantos jueces como Estados parte, que actúan a título individual.

Jueces: elegidos por la Asamblea Parlamentaria por mayoría absoluta de una terna presentada por cada Estado; menores de 65 años al recibirse la lista; mandato de nueve años sin reelección. Solo se les releva si los demás jueces lo deciden por dos tercios. El Pleno elige por tres años al Presidente y a uno o dos Vicepresidentes.

Formaciones: juez único (inadmite o archiva demandas claras; nunca examina las del Estado que lo eligió), Comités de 3 (por unanimidad inadmiten o, si hay jurisprudencia bien establecida, resuelven admisibilidad y fondo), Salas de 7 (reducibles a 5 por el Comité de Ministros) y Gran Sala de 17.

Acceso: asuntos entre Estados (art. 33) y demandas individuales de personas físicas, ONG o grupos de particulares que se consideren víctimas (art. 34). Admisibilidad: agotar los recursos internos y presentar la demanda en cuatro meses desde la resolución interna definitiva; son inadmisibles las anónimas, las repetidas sin hechos nuevos, las manifiestamente mal fundadas o abusivas y aquellas en que el demandante no ha sufrido un perjuicio importante.

Sentencias: la de la Gran Sala es definitiva; la de una Sala lo es si nadie pide la remisión o pasan tres meses, o si el colegio de cinco jueces la rechaza. El Tribunal puede conceder una satisfacción equitativa. El Comité de Ministros vela por la ejecución y puede pedir opiniones consultivas. El Comisario de Derechos Humanos puede intervenir en cualquier asunto ante Sala o Gran Sala.

Hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996, dentro del Consejo de Europa, para sustituir progresivamente a la Carta de Turín de 1961. España la ratificó en 2021 y aceptó el sistema de reclamaciones colectivas del Protocolo de 1995.

Estructura: Parte I, declaración de 31 derechos y principios como objetivos; Parte II, obligaciones concretas (arts. 1-31); Parte III, compromisos; IV, supervisión y reclamaciones colectivas; V, no discriminación, suspensión en guerra o peligro público y restricciones; VI, cláusulas finales.

Aceptación «a la carta» (art. A): al menos 6 de los 9 artículos núcleo (1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 y 20) y en total no menos de 16 artículos o 63 párrafos. Cada Parte debe tener un sistema de inspección de trabajo.

Cifras que caen: vacaciones pagadas de cuatro semanas; información escrita del contrato en dos meses como máximo; edad mínima laboral 15 años y 18 en trabajos peligrosos; descanso por maternidad de 14 semanas; despido ilegal desde que se comunica el embarazo hasta el fin del permiso. La aplicación del derecho de sindicación a la policía la deciden las leyes nacionales. Nuevos derechos: dignidad en el trabajo (acoso), protección contra la pobreza y vivienda. Denuncia: tras cinco años, con seis meses de preaviso.

Hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1984; España la ratificó en 1987 y aceptó las competencias del Comité de los arts. 21 (Estados) y 22 (particulares).

Definición (art. 1): todo acto por el que se inflijan intencionadamente dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con una finalidad (obtener información o confesión, castigar, intimidar o coaccionar, o por discriminación), cuando los inflija un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas, o a su instigación, con su consentimiento o aquiescencia. No lo son los sufrimientos derivados únicamente de sanciones legítimas.

Prohibición absoluta: ni la guerra, ni la inestabilidad, ni ninguna emergencia, ni la orden de un superior la justifican. No devolución (art. 3) si hay razones fundadas de riesgo de tortura. Tipificación penal de la tortura, la tentativa y la complicidad; jurisdicción por territorio, buque o aeronave, nacionalidad del autor y, si se estima apropiado, de la víctima; extraditar o juzgar.

Deberes del Estado: formación del personal que custodia o interroga; revisión sistemática de métodos de interrogatorio y custodia; investigación pronta e imparcial de oficio; derecho a queja con protección de denunciante y testigos; reparación (y en caso de muerte, indemnización a las personas a su cargo); ninguna prueba obtenida bajo tortura salvo contra el torturador. Los tratos crueles, inhumanos o degradantes también se prohíben (art. 16).

Comité contra la Tortura: 10 expertos a título personal, elegidos en reuniones bienales por cuatro años (reelegibles); quórum seis. Informe inicial en el año siguiente y luego cada cuatro años. Puede hacer investigaciones confidenciales (art. 20, con visita si el Estado acepta). Entró en vigor el 30.º día tras el 20.º instrumento; la denuncia surte efecto al año.

Hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002 y ratificado por España en 2006. Su objetivo es preventivo: un sistema de visitas periódicas de órganos internacionales y nacionales independientes a todo lugar donde haya personas privadas de libertad (instituciones públicas o privadas de las que no se pueda salir libremente).

Subcomité para la Prevención: nació con 10 miembros y pasó a 25 tras la 50.ª ratificación. Miembros por cuatro años, reelegibles una vez; Mesa por dos años; quórum de la mitad más uno; sesiones privadas. Principios: confidencialidad, imparcialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. Las visitas las hacen al menos dos miembros.

Garantías de las visitas: acceso sin restricciones a la información, a los lugares y a sus instalaciones; entrevistas sin testigos; libertad para elegir lugares y personas. Solo cabe oponerse temporalmente por razones urgentes (defensa, seguridad pública, catástrofes, disturbios graves), nunca por el estado de excepción como tal. Nadie puede ser sancionado por informar, sea verdad o no.

Mecanismos nacionales de prevención (MNP): deben existir a más tardar un año después de la entrada en vigor o ratificación, con independencia funcional, expertos competentes, equilibrio de género y recursos. Facultades mínimas: examinar periódicamente el trato, recomendar y proponer sobre legislación. Las autoridades deben examinar sus recomendaciones y dialogar; sus informes anuales se publican; no se publican datos personales sin consentimiento.

Otras reglas: aplazamiento de obligaciones hasta tres años (prorrogable dos por el Comité contra la Tortura); no se admiten reservas; entrada en vigor el 30.º día tras el 20.º instrumento; los gastos del Subcomité los pagan las Naciones Unidas y existe un Fondo Especial.

Recoge, adaptándola, la Carta proclamada el 7 de diciembre de 2000, a la que sustituye desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (versión publicada en 2016). Pertenece al Derecho de la UE (su tribunal es el TJUE, en Luxemburgo), no al Consejo de Europa.

Siete títulos: I Dignidad (dignidad inviolable, vida y prohibición de la pena de muerte, integridad —consentimiento informado, prohibición de eugenesia, de lucro con el cuerpo y de clonación reproductora—, tortura, esclavitud y trata); II Libertades (incluye protección de datos con control de autoridad independiente, objeción de conciencia, asilo y prohibición de expulsiones colectivas y de devolución con riesgo de pena de muerte o tortura); III Igualdad (causas de discriminación ampliadas: características genéticas, discapacidad, edad, orientación sexual; acción positiva a favor del sexo menos representado; interés superior del niño).

IV Solidaridad (información y consulta, negociación y huelga, colocación gratuita, despido injustificado, prohibición del trabajo infantil —edad mínima no inferior al fin de la escolaridad obligatoria—, familia, seguridad social, salud, medio ambiente, consumidores); V Ciudadanía (sufragio europeo y municipal, buena administración, acceso a documentos, Defensor del Pueblo Europeo —excluido el TJUE en funciones jurisdiccionales—, petición ante el Parlamento Europeo, circulación y protección consular de cualquier Estado miembro); VI Justicia (tutela judicial y asistencia jurídica gratuita, presunción de inocencia, legalidad y proporcionalidad de las penas, non bis in idem en la Unión).

VII Disposiciones generales: la Carta se dirige a la UE y a los Estados solo cuando aplican Derecho de la Unión (art. 51); toda limitación, por ley, respetando el contenido esencial y la proporcionalidad; los derechos que coincidan con el CEDH tienen igual sentido y alcance, sin impedir más protección.

Hecho en Roma el 17 de julio de 1998 (España lo ratificó en 2000). Crea una Corte permanente, con personalidad jurídica internacional, que juzga a personas y es complementaria de las jurisdicciones nacionales. Sede en La Haya. Está vinculada a la ONU por un acuerdo, pero no es un órgano de la ONU.

Crímenes (art. 5): genocidio (intención de destruir un grupo nacional, étnico, racial o religioso), lesa humanidad (ataque generalizado o sistemático contra la población civil con conocimiento), crímenes de guerra y agresión (solo dirigentes que controlan la acción política o militar de un Estado). Son imprescriptibles.

Activación (art. 13): remisión por un Estado Parte, por el Consejo de Seguridad (Capítulo VII) o investigación de oficio del fiscal autorizada por la Sala de Cuestiones Preliminares. El Consejo de Seguridad puede suspender una investigación doce meses, renovables. Admisibilidad: la Corte solo actúa si el Estado competente no está dispuesto o no puede investigar o juzgar.

Principios penales: nullum crimen, nulla poena, irretroactividad, responsabilidad individual; no juzga a menores de 18 al cometer el crimen; el cargo oficial no exime ni reduce la pena; los jefes militares responden por no controlar a sus fuerzas; la orden superior solo exime en casos tasados y nunca si ordena genocidio o lesa humanidad.

Órganos: Presidencia, Secciones (Apelaciones, Primera Instancia y Cuestiones Preliminares), Fiscalía y Secretaría. 18 magistrados, nueve años sin reelección; Presidencia por tres años (reelegible una vez); fiscal elegido por la Asamblea de los Estados Partes por nueve años sin reelección; secretario elegido por los magistrados por cinco años, reelegible una vez. Idiomas de trabajo: francés e inglés.

Penas: reclusión hasta 30 años o a perpetuidad, más multa y decomiso; revisión de la pena a los dos tercios o a los 25 años en la perpetua. Fondo fiduciario para las víctimas. No se admiten reservas; entró en vigor tras el 60.º instrumento; denuncia con efecto al año.

La Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, regula la cooperación del Estado español con la CPI. España presta plena cooperación (cooperación pasiva) y los jueces y fiscales pueden pedir cooperación a la Corte a través del Ministerio de Justicia (cooperación activa).

Autoridades competentes: Gobierno; Ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores, Defensa e Interior; órganos judiciales (en particular la Audiencia Nacional y el Tribunal Militar Central) y Ministerio Fiscal. El Ministerio de Justicia es el único órgano de relación con la Corte y el órgano de consulta. La defensa de España ante la Corte la llevan los Abogados del Estado.

Decisiones del Consejo de Ministros (a propuesta conjunta de Exteriores y Justicia): denunciar una situación ante el Fiscal de la Corte, pedir su inhibición (propuesta en 20 días desde la notificación) e impugnar la competencia o la admisibilidad. Si se denuncian en España hechos ocurridos en otro Estado y cometidos por no españoles, los órganos se abstienen e informan de que se puede acudir al Fiscal de la Corte, sin perjuicio de diligencias urgentes.

Detención y entrega: quien detenga a una persona por orden de la Corte lo comunica inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción, a cuya disposición la pone sin demora y como máximo en 72 horas; el juez la oye en otras 72 horas. Libertad provisional: se piden recomendaciones a la Corte con plazo no inferior a 20 días; si la Corte no envía la documentación, medidas cautelares hasta 180 días. Entrega simplificada con consentimiento irrevocable (puede darse hasta 15 días después). Si no, audiencia en 10 días y auto en 3 días, apelable ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (sin más recurso). Ante una extradición concurrente sin tratado, preferencia para la Corte.

Otros: la orden de comparecencia la ejecuta el juez de instrucción del domicilio sin medidas privativas de libertad; las personas en tránsito hacia la Corte gozan de inmunidad; la llegada de un condenado que vaya a cumplir pena en España se comunica al juez de vigilancia penitenciaria en 24 horas.

El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo lo aprobaron las Mesas del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor, el 6 de abril de 1983. El Defensor es alto comisionado de las Cortes Generales, no está sujeto a mandato imperativo y no recibe instrucciones de ninguna autoridad.

El Defensor del Pueblo ejerce las funciones de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Protocolo facultativo y da cuenta a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, mediante informes específicos que se elevan a través de la Comisión Mixta Congreso-Senado. Los Adjuntos colaboran en estas funciones y el Adjunto en quien se delegue preside el Consejo Asesor.

Consejo Asesor del MNP (capítulo V): órgano de cooperación técnica y jurídica. Lo integran los Adjuntos (miembros natos) y hasta 10 Vocales: uno a propuesta de la Abogacía, uno de la Organización Médica Colegial, uno de los Psicólogos, hasta dos de entidades con convenio y cinco de candidaturas de la sociedad civil. Secretario: el Secretario General de la institución, que lo convoca por indicación del Presidente y levanta acta.

Vocales: personas mayores de edad, en pleno disfrute de sus derechos y con reconocida trayectoria en derechos humanos o en el trato a personas privadas de libertad; designados y cesados por el Defensor del Pueblo tras convocatoria pública (candidaturas en 15 días naturales; la Junta de Coordinación informa); mandato de cuatro años con renovación por mitades cada dos; sin retribución (solo indemnizaciones por razón del servicio).

Funcionamiento y funciones: se reúne al menos dos veces al año; propone visitas, mejora de protocolos de visita y su seguimiento, emite informes sobre normativa, propone formación en prevención de la tortura y hace el seguimiento de los informes del MNP y del Subcomité.